Procuraduría pide a Fiscalía de la Nación investigar Darwin Espinoza por uso de recursos públicos
Creado el Martes, 16 de Abril del 2024 11:38:29 am | Modificado el 16/04/2024 11:47:10 am
La Procuraduría General del Estado presentó una solicitud al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, para que se inicien diligencias preliminares contra el congresista por Áncash, Darwin Espinoza Vargas, tras la denuncia del programa periodístico “Punto Final” sobre el uso ilegal de recursos públicos para la inscripción de un movimiento político regional.
En el documento, el procurador Javier Pacheco pide que se disponga el inicio de diligencias preliminares por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en la modalidad de concusión y peculado de uso, regulados y sancionados en los artículos 382 y 388 del Código Penal.
Espinoza Vargas, de Acción Popular, es acusado de usar recursos públicos y trabajadores de su despacho parlamentario, en pleno horario laboral, para recoger firmas con el propósito de lograr la inscripción del movimiento “Adelante Áncash”, según el reportaje del dominical “Punto Final”.
El congresista chimbotano incluso utiliza una impresora instalada en su despacho parlamentario y hasta cientos de papel bond que entrega el Congreso para imprimir fichas de afiliación a su agrupación política.
Otro aspecto grave es que Espinoza Vargas utiliza el acceso que le dio el Congreso al sistema del Reniec para verificar que los datos de las personas que firmaron las fichas para inscribir a su agrupación política sean los correctos.
El abogado Benji Espinoza, en declaraciones al diario La República, explicó que las acciones de Darwin Espinoza podrían constituir delitos contra la administración pública, en particular el peculado de uso, según el artículo 388 del Código Penal. Este delito implica usar recursos pertenecientes a la administración pública para fines personales, y podría acarrear hasta 4 años de prisión efectiva.
Además, si se prueba que el congresista ejerció coacción sobre sus empleados para recolectar firmas a favor de su movimiento político, la pena podría aumentar hasta 6 años de cárcel.
Mientras tanto, Diego Bazán, presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, anunció que propondrá iniciar de oficio un procedimiento de indagación preliminar por presuntas faltas a la ética parlamentaria por parte de Darwin Espinoza.
El proceso empieza con una investigación que debe ser admitida a trámite, luego una recomendación de sanción que será votada por los integrantes de la comisión y, en caso de ser aprobada, será discutida en el Pleno del Congreso.
Las posibles sanciones incluyen amonestaciones públicas o por escrito, descuentos de sueldo o suspensiones de hasta 120 días de funciones parlamentarias. (W.C. – RSD Noticias).
