Creado el Miércoles, 26 de Febrero del 2014 03:57:11 am

Con la subida del precio de los minerales y el incremento de sus utilidades, por los años 2007-2008, surgió la idea de aplicar medidas para que el beneficio también favorezca a nuestro país. Como el CET protege a Antamina de los nuevos impuestos, el entonces presidente del Perú Alan García pidió a las empresas mineras que dieran un óbolo voluntario como compensación. Esta propuesta fue aceptada y Antamina aplicó una serie de programas sociales que le permitió regalar laptops, carpetas, etc.

El presidente Ollanta Humala anuló el óbolo voluntario y, con la complacencia de las empresas mineras, promulgó la ley que establece el marco legal del Gravamen Especial a la Minería, el año 2011; es decir, las empresas mineras aceptaron pagar más impuestos de lo que venían pagando con el CET.

El supuesto Frente de Defensa de la Provincia del Santa ha programado un paro para el 27 de febrero, cuya plataforma de lucha establece, entre otros puntos, la anulación de la conocida Ley del Gravamen Minero, por considerarla causante de la reducción del canon minero y por ende del déficit regional. Este pedido es técnicamente inconsistente y no hace más que favorecer a Antamina. Anular esta ley los libera de su compromiso voluntario de pagar más impuestos. Dudo que las empresas mineras acepten una nueva ley que les obligue a pagar más impuestos en un escenario de inestabilidad económica internacional, precios bajos y menor volumen de venta. Recuerden, el CET los protege, solo si las mineras aceptan les aplicarán nuevos impuestos. El paro regional no favorece a Áncash, sí a Antamina.

Existe un proyecto de ley que pretende modificar el inciso “d” del artículo 3 denominado “Características del Gravamen” de la Ley del Gravamen Minero que a la letra dice: “Los recursos que se obtengan por su aplicación son ingresos del tesoro público”. La intención es lograr que las regiones también perciban ingresos de este impuesto, aplicando el mismo sistema que se utiliza para distribuir al mal llamado canon minero que en verdad es impuesto a la renta.

Asumiendo el pago realizado por la empresa Antamina del impuesto al Gravamen Minero para el año 2013, ascendente a 517 millones de soles, el 50% le correspondería a la región Áncash, que equivale a 258.5 millones de soles. De esta última cantidad, el 20% le darían al Gobierno Regional de Áncash, cuya suma sería 51.7 millones de soles. El resto del dinero sería para las municipalidades y universidades de la región. Indudablemente, las leyes no tienen carácter retroactivo, por consiguiente su aplicación sería a partir de la promulgación de la ley.

Dos elementos deben ser tomados en cuenta en este análisis. Primero, que al no existir todavía la ley no puede ser incluida presupuestalmente para justificar gastos futuros; es decir, no es causa del déficit. Segundo, en el hipotético caso de que se le considere, solo representa aproximadamente un tercio del déficit reconocido por el presidente regional. Por tanto, los 51.7 millones de soles no alcanzan para cubrir los 150 millones de soles de déficit.

En consecuencia, ni modificando la Ley del Gravamen Minero existe sustento técnico para justificar el déficit, ni se constituye en una solución inmediata a las obras paralizadas. En el supuesto caso de que fuera anulada, como lo pide el no reconocido Frente de Defensa de la Provincia del Santa, la felicidad sería completa para Antamina.

Por eso, el paro regional no hace más que esconder la verdad, distorsionar la realidad y lograr que Antamina, sentado en la tribuna preferencial, esboce una sonrisa. Estoy completamente seguro de que Antamina apoyaría con lo que fuera para anular esa ley. Pensando inocentemente, el seudo Frente de Defensa de la Provincia del Santa está sirviendo de tonto útil.

Mg. Econ. Luis Luna Villarreal

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Foto: netorivasnet.blogspot.com

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