Creado el Viernes, 22 de Febrero del 2013 06:21:54 pm

Debido a la riqueza y variedad en la oferta de productos mineros presentes en nuestro país, al aumento de la inversión y al contexto internacional, se prevé una mayor expansión de este sector en los próximos años. En la actualidad, esta actividad se desarrolla formalmente en el 0,28% del territorio nacional, frente a un 13,6% de este sobre el cual se han otorgado concesiones mineras.

En cuanto al crecimiento económico de nuestro país es importante tener en cuenta que este debe ir acompañado por una mejora significativa en su institucionalidad, a fin de hacer efectivo el cumplimiento de la ley, reducir la brecha de desigualdad social y garantizar el respeto por los derechos fundamentales de las personas.

Uno de los problemas más críticos que afronta nuestro país es la informalidad, la cual alcanza al sector minero. De acuerdo con información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la extracción ilegal de oro supera anualmente los 18 mil kilogramos, cuyo valor sería más de S/. 2200 millones, lo que representa en impuestos dejados de pagar al fisco por esta actividad más de S/. 500 millones, alrededor de 0,1 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno

La minería informal e ilegal, actualmente presente en veintiún (21) regiones del país, entre ellas la nuestra, la Región Ancash, y que ocupa a cerca de cien mil (100 000) trabajadores directos, representa un problema sumamente complejo para el Estado, por los graves impactos ambientales, sociales, económicos y de seguridad que viene generando, y porque afecta la gobernabilidad democrática del país, al constituir escenarios de gran tensión social y de conflictos violentos como los acaecidos en el departamento de Madre de Dios, que han ocasionado incluso la pérdida de vidas humanas que todos debemos lamentar y rechazar.

Deben reconocerse los esfuerzos y la decisión política desplegados por el Estado peruano para enfrentar esta problemática, a través de las disposiciones normativas contenidas en los Decretos Legislativos N.º 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 y 1107; pero, a su vez, se requiere fortalecer la coordinación interinstitucional, el cumplimiento de las obligaciones legales establecidas y una dotación presupuestaria adecuada a los objetivos propuestos.

En ese sentido, en el presente mes, la Defensoría del Pueblo ha presentado el Informe N.º 001-2013-DP/AMASPPI.MA. “Gestión del Estado frente a la Minería Informal e Ilegal en el Perú. Supervisión a la implementación de los Decretos Legislativos promulgados al amparo de la Ley N.° 29815”.

A través de este informe, el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, exhortó a las autoridades del Poder Ejecutivo a intensificar la lucha contra la minería ilegal, en aras de frenar el crecimiento que viene experimentando esta actividad en los últimos años.

Este informe es el resultado de una supervisión a 27 instituciones del Estado, respecto al cumplimiento de los Decretos Legislativos promulgados al amparo de la Ley Nº 29815. De un total de 135 obligaciones supervisadas, 64 se encuentran con avances, 22 en coordinación, 22 sin avances y respecto a las 27 restantes no se recibió información. Al respecto El Dr. Vega señalo que “El balance no es desalentador. Sin embargo, invocamos a las autoridades, organizaciones y población en general, a contribuir en la consolidación del ordenamiento de la minería informal y la erradicación definitiva de la minería ilegal que tanto daño ambiental, social y económico hace a nuestro país”.

Entre los principales avances se tiene la creación del Registro Nacional de Declaraciones de Compromiso y del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo para evaluar y mitigar el impacto ambiental. Asimismo, destacó el establecimiento de áreas geográficas, rutas fiscales y puestos de control en Madre de Dios; así como las acciones de interdicción realizadas en Loreto, Junín, Madre de Dios y Áncash que suman 59 durante el año 2012.

No obstante estos avances, se encuentra pendiente la implementación de la ventanilla única para la formalización minera, así como del Fondo para el Proceso de Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal. También debe realizarse el diseño del Plan de Recuperación de los Impactos Ambientales, el control y fiscalización efectiva de los insumos químicos, maquinarias y equipos utilizados en la minería ilegal. Sumado a ello, se debe implementar el registro y control de los usuarios del mercurio, cianuro de potasio y el cianuro de sodio.

Dentro de este escenario subsiste la necesidad de que el Estado fortalezca su accionar contra la minería informal e ilegal en el marco de una actuación coordinada, planificada y sostenida en el tiempo, que garantice el cumplimiento de los objetivos establecidos en materia de formalización, remediación, interdicción y persecución de la minería ilegal.

Por ello, la Defensoría del Pueblo recomendó al Poder Ejecutivo, garantizar que en el Presupuesto de la República, se asignen los recursos financieros que permitan la implementación de medidas destinadas a enfrentar la minería informal e ilegal en todo el territorio nacional.

Atender esta problemática es una obligación impostergable para el Estado. Un primer paso para cumplir con estas obligaciones ha sido la dación de los Decretos Legislativos (del 1099 al 1107), publicados en el 2012, pero ello no debiera agotar los esfuerzos del Estado en su lucha contra las actividades mineras ilícitas, pues es necesario implementar dicho marco normativo en acciones concretas que permitan la formalización de aquellos mineros que se adecuen al régimen establecido, la erradicación de actividades mineras delictivas y la remediación ambiental y social de impactos generados por estas actividades.

Roslin Villanueva Ramírez

Coordinadora del Módulo de Atención Defensorial Chimbote

Defensoría del Pueblo

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