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Gobernador de Áncash fue trasladado a Divincri de Huaraz donde cumplirá detención

Fiscal dispuso que Juan Carlos Morillo deje la clínica donde permaneció dos días. Su abogado se opuso
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El gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, cumplirá lo que resta de su periodo de detención preliminar en la sede policial de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Huaraz, adonde fue trasladado esta tarde desde las instalaciones de la clínica San Pablo.  

El periodo de detención preliminar dispuesto por el juez Derby Quezada Blanco, a pedido del fiscal Robert Rojas Ascón, es de siete días. Morillo Ulloa fue internado la tarde del lunes en la clínica San Pablo, donde permaneció hasta la tarde de hoy.

El médico que lo trató el lunes, Julio Vizcarra Anaya, había indicado en su informe que Morillo Ulloa evidenciaba una hipertrofia en el ventrículo izquierdo como probable secuela de la covid19 que padeció entre agosto y setiembre pasados, por lo que debía guardar reposo físico absoluto y evitar actividades extenuantes durante cinco días. Asimismo, recomendó que el paciente sea trasladado a una ciudad con una altitud menor a 1500 m.s.n.m.   

Sin embargo, el fiscal Rojas Ascón determinó que la autoridad regional sea trasladada de la clínica a la sede de la Divincri para completar su detención preliminar, tal como lo estableció el juez Derby Quezada Blanco. 

La decisión fiscal fue tomada pese a la oposición del abogado Carlos Fernández Beltrán, defensa técnica del gobernador regional. 

“Hay un grave riesgo en la salud del gobernador y hago responsable a las autoridades de lo que le pueda suceder ante el deterioro de su condición física”, declaró el letrado al medio digital Noticias en Red Chimbote. 

Luego de concretarse el traslado de Morillo Ulloa a la Divincri, un grupo de sus simpatizantes llegó hasta las afueras de la sede policial para expresarle su respaldo y para hacer una vigilia. 

El titular de Áncash es investigado por colusión agravada junto con nueve personas más, entre funcionarios y exfuncionarios del Gobierno Regional de Áncash y la empresaria Ninel Romero Bartusiak. La fiscalía considera que los investigados se coludieron para favorecer con la buena pro a la empresa Quimera SAC con la construcción de ambientes y compra de equipos para el Hospital Regional de Nuevo Chimbote por 10 millones de soles en el marco del estado de emergencia por la pandemia de covid-19. (RSD Noticias). 

Foto: Noticias en Red Chimbote