ELECCIONES 2018 | Cinco candidatos al Gobierno de Áncash tienen sentencias judiciales
Creado el Viernes, 7 de Septiembre del 2018 09:36:13 am | Modificado el 06/10/2021 01:33:14 pm
El portal de periodismo de investigación Ojo-público hizo un análisis de las hojas de vida presentadas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por los 23 candidatos a la Gobernación Regional de Áncash y constató que cinco de ellos registran condenas por corrupción, malos manejos financieros y hasta por alimentos.
El citado medio digital repasa casos ya conocidos de condenas contra candidatos regionales, pero saca a la luz otras condenas.
De los casos conocidos, cita el de la exalcaldesa de la Municipalidad Provincial del Santa, Victoria Espinoza García, condenada por la Corte del Santa en última y definitiva instancia a cuatro años de cárcel por el delito de colusión. Además, recuerda que afronta dos juicios más por presuntamente haber favorecido a un grupo de empresas para que ganen licitaciones de obras en el municipio, y una investigación fiscal por presunto lavado de activos.
La candidata del movimiento regional Río Santa Caudaloso está en calidad de prófuga de la justicia y la Policía Nacional ha pedido al Ministerio del Interior que se la incluya en la lista de los más buscados del país y que se ofrezca una recompensa por información que lleve a su captura.
Otro que tiene condenas, y no una sino tres, es Juan Carlos Murillo Ulloa, candidato de Somos Perú. La primera vez fue condenado en el 2013 a tres años de prisión suspendida por el delito de libramiento indebido por haber emitido cheques sin fondos contra la empresa Maquinarias del Norte S.A.C. La condena contemplaba también el pago de una reparación civil de 5 mil soles, que hizo efectivo recién el 10 de junio de este año, nueve días antes de que se cerrara el plazo para inscribirse como candidato. La segunda y tercera condena contra Murillo Ulloa fueron emitidas el 2015 y 2016, respectivamente, en dos procesos distintos por omisión a la asistencia familiar. En ambos casos, los jueces lo sentenciaron a pagar la pensión por alimentos a favor de sus hijos.
Quien también registra una condena por omisión a la asistencia familiar es Juan Calderón Altamirano, el candidato de Restauración Nacional que lidera el pastor evangélico Humberto Lay. Su caso se remonta al 2003 y la sentencia del Juzgado de Paz Letrado de Nuevo Chimbote fue declarada fundada en parte. Al respecto, Calderón comentó a Ojo-Publico.com que actualmente se encontraba “rehabilitado” y no tiene ninguna deuda.
Calderón Altamirano afronta –en el caso “La Centralita” – un pedido fiscal de nueve años de prisión por presuntamente haber integrado la organización criminal liderada por su exaliado César Álvarez Aguilar.
El candidato del partido político Siempre Unidos, Yemil Encarnación Valverde, también tiene dos sentencias en su contra en materia alimentaria. En el 2017 el Juzgado de Paz Transitorio de Nuevo Chimbote lo condenó al pago de una pensión por alimentos a favor de su hijo. Encarnación Valverde declaró a Ojo-Publico.com que la sentencia le fue notificada este año y que “se está poniendo al día” en el pago de las pensiones. En el 2016 fue demandado por un caso similar y el Segundo Juzgado Mixto de Nuevo Chimbote falló otorgando medidas de protección a favor de la demandante. Encarnación reconoció que fue acusado de violencia pero –según dijo– “el caso está ganado” por él porque la denunciante no ha podido probar sus acusaciones.
Y un quinto candidato con sentencia por alimentos es el ex consejero regional por la provincia de Casma, Jesús Rodríguez Fuentes, representante del movimiento político regional Áncash a la Obra.
Rodríguez Fuentes fue sentenciado en el 2017 por el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Áncash también por omisión a la asistencia familiar. Hace unos meses, en declaraciones a Radio Santo Domingo, Rodríguez señaló que esa sentencia no fue porque evadiera el pago de la pensión sino porque la demandante quería un monto superior, como finalmente el juez determinó. (RSD Noticias).
