Chimbote: detectan perjuicio de S/ 110 mil en el penal de Cambio Puente
Creado el Viernes, 2 de Febrero del 2024 03:08:55 pm | Modificado el 02/08/2024 11:02:25 am
La Contraloría General de la República determinó que los encargados del Establecimiento Penitenciario de Chimbote, del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), durante el año 2022 no supervisaron ni advirtieron el incumplimiento contractual en la ejecución del servicio de alimentación para los internos y personal de seguridad y otorgaron conformidades que permitieron pagos al contratista sin aplicar penalidades por 110 213 soles.
Al penal de Chimbote le asignaron un monto de 6 millones 533 mil 171 soles para dicho servicio durante el 2022, y que estuvo a cargo de una empresa contratista que ganó la buena pro como único postor. Esta concesionaria constantemente incumplía con el servicio en la cantidad y permanencia a tiempo completo del personal, así como de los requisitos del nutricionista y cocinero que laboraron como remplazos, situación que no fue advertida por los funcionarios del recinto penitenciario, según detalla el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.º 045-2023-2-3948-AC.
Pese a ello, los servidores otorgaron conformidades al servicio de alimentación sin aplicar la penalidad que correspondía por 102 mil 166 soles. Además, no aplicaron la penalidad de 7 mil 163 soles por variar el menú programado, sin contar con la autorización del administrador del penal y 884 soles por efectuar la primera capacitación a los ayudantes de cocina fuera del plazo establecido.
Estos hechos descritos ocasionaron un perjuicio al INPE de 110 mil 213 soles por la inaplicación de penalidades. El incumplimiento contractual tampoco fue advertido por el Equipo de Control de Alimentos del penal de Chimbote.
Este informe de Auditoría fue comunicado al presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE para que disponga el inicio del procedimiento administrativo a los nueve funcionarios y servidores públicos comprendidos los hechos. Además, a la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República para el inicio de las acciones legales civiles que correspondan. (K.C. – RSD Noticias).
