Áncash: Juan Carlos Morillo sostiene que es víctima de una “persecución política”
Creado el Miércoles, 25 de Agosto del 2021 09:56:27 pm | Modificado el 02/08/2024 10:56:06 am
El suspendido gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, sostuvo que no hay testigos ni información que lo involucre en el delito de colusión agravada y afirmó que viendo siendo víctima de una persecución política.
“El fiscal no tiene un testigo o información que en verdad nos involucre… Yo no me quiero imaginar que esto proviene de una persecución política porque en el peritaje contable no hay ninguna imputación en mi contra ni nada que me relacione”, manifestó durante la audiencia de pedido de prolongación de prisión preventiva por 18 meses más que solicitó el Ministerio Público en la investigación que se le sigue por la construcción e implementación de un ambiente covid-19 para el Hospital Regional "Eleazar Guzmán Barrón", de Nuevo Chimbote.
Por su parte, el abogado de Morillo Ulloa, Diego Rojas, pidió al juzgado declarar infundado el requerimiento de ampliación de la prisión preventiva, ya que no existen fundamentos legales para ello.
“No se cumplen los presupuestos materiales para prolongar la prisión preventiva contra mi patrocinado. La fiscalía tiene todo el derecho de investigar, pero no está justificando por qué mi patrocinado debe seguir preso”, argumentó.
En contraparte, el fiscal Robert Rojas Ascón, del Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Áncash, sustentó que se necesita prolongar la prisión preventiva porque se deben realizar pericias, visualizar el reporte de llamadas, recepcionar testimoniales y documentación durante la investigación preparatoria.
En tanto, el exgerente general Johnny Muñante Quispe pidió al magistrado Robert Rojas que se retire del caso por ética, ya que fue denunciado por supuestamente integrar una organización criminal que planificó la detención y suspensión de Morillo Ulloa.
Los otros investigados: Juan Mendo Sánchez, Pedro Velezmoro Sáenz, William Rojas Verau, Enrique Velásquez Abanto y Renzo Alva Pinedo pidieron que se aplique la justicia. Manifestaron que no hubo sobrevaloración en la obra ni defraudación al Estado y que están recluidos en el penal de manera injusta.
Tras escuchar a las partes, el juez Derby Quezada Blanco, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Áncash, dijo que se reservará el plazo de 72 horas para expedir la resolución judicial.
(L.U. – RSD Noticias).
