Áncash: Fiscalía investiga presuntos delitos en trámite de vacancia contra regidora de San Marcos
Creado el Martes, 20 de Mayo del 2025 05:52:09 pm | Modificado el 20/05/2025 06:50:04 pm
El Ministerio Público de Áncash investiga la presunta comisión de ilícitos penales en la tramitación de un pedido de vacancia que fue declarado fundado por el Pleno de Regidores de la Municipalidad Distrital de San Marcos, en la provincia de Huari, en contra de la concejal Dagmar Borda Herrera.
La Fiscalía Provincial Penal de San Marcos dispuso el inicio de diligencias preliminares contra Gustavo Castromonte Arias, secretario general de la municipalidad, acusado de haber cometido el delito de omisión de actos funcionales en agravio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la regidora.
Las pesquisas —que se realizarán en un plazo de 60 días— están a cargo del fiscal Huldarico Queshac Huacanca, quien ha dispuesto, entre otras diligencias, recabar las declaraciones del investigado Gustavo Castromonte y de los testigos: el alcalde distrital Manuel Ugarte Medina, la regidora Dagmar Borda y el proveedor Abdel Anaya Portilla.
Asimismo, hoy el fiscal y su personal intervino la municipalidad, donde recabó la documentación del caso, quedando pendiente la entrega del expediente de la vacancia de la concejal, porque había sido remitido al JNE.
El caso
RSD tuvo acceso a la una resolución del JNE que explica en detalle el caso que ha motivado la investigación fiscal en curso.
Acusándola de haber realizado funciones administrativas, el 11 de junio de 2024 los regidores vacaron a su colega Dagmar Borda. La concejal apeló y, el 18 de setiembre de ese mismo año, el JNE declaró nulo el acuerdo de concejo, por haber vulnerado el debido procedimiento y el derecho a la defensa de la acusada, y ordenó que los concejales vuelvan a evaluar el pedido de vacancia.
El 23 de octubre, los regidores volvieron a vacar a Dagmar Borda. La municipalidad remitió los actuados al JNE, el que, al advertir que no había recurso de impugnación, el 18 de diciembre, declaró consentida la vacancia y dispuso que se convoque al regidor accesitario.
Sin embargo, Borda Herrera solicitó anular ese acto, acusando a los regidores de haberla vacado en su ausencia y sin permitir que ejerza su derecho a la defensa. La regidora explicó a la máxima autoridad electoral que, el 26 de setiembre de 2024, fue víctima de agresión física en la municipalidad, la que concluyó con la mutilación de uno de sus dedos.
Agregó que su caso era de conocimiento de los concejales y la municipalidad, pero aun así desarrollaron la sesión para vacarla e incluso obviaron la carta que presentó para justificar su inasistencia a la sesión, porque estaba recibiendo tratamiento en Lima.
El Tribunal Supremo Electoral advirtió que el secretario general no informó ni remitió esa carta ni otros documentos relacionados con la vacancia, por lo tanto, les indujo a error. Siendo así, el 28 de marzo de este año declaró nula la vacancia y la convocaría al regidor accesitario.
Adicionalmente, el JNE señaló que no podía dejar pasar como desapercibido la omisión en la remisión de todos los documentos que se le requirió, por lo que dispuso que se remitan copias al Ministerio Público para que proceda de acuerdo a sus competencias. Precisamente hoy la Fiscalía ha iniciado la investigación e intervenido la municipalidad.
Aunque no se ha informado al respecto, vale precisar que, con anterioridad, el JNE también había pedido al Ministerio Público que investigue la publicación de una resolución apócrifa supuestamente del JNE, que hizo la regidora en Facebook el 14 de setiembre de 2024. (M.E. – RSD Noticias).
