Creado el Lunes, 28 de Noviembre del 2022 09:31:56 am

Ojalá que el orden constitucional se imponga y no sea que luego del cierre del Congreso, señala el abogado Pablo Rioja Cueva*

El Congreso de la República decidió “rechazar de plano” la estrambótica solicitud de derogar la Ley 31355 que formuló Aníbal Torres, forzando la figura constitucional de “cuestión de confianza” y con esta decisión parece haberse gatillado el inicio del capítulo final del enfrentamiento existente entre el presidente Castillo y el Congreso.

En sesión de Consejo de Ministros se decidió que el rechazo del legislativo era un “rehusamiento expreso” que, simplemente es una denominación diferente de la conocida y nefasta “denegación fáctica”, figura atípica que constituye el legado que Martín Vizcarra y Salvador del Solar engendraron en desmedro de nuestra frágil institucionalidad democrática.

El presidente Castillo ha utilizado esta nueva denominación de rehusamiento expreso porque el Tribunal Constitucional en su sentencia del 3 de febrero de este año, validó y refrendó la constitucionalidad de la Ley 31355 y no ha dejado posibilidad alguna para que se invoque y aplique nuevamente la figura de “denegación fáctica” con la finalidad de garantizar el equilibrio de poderes y la estabilidad jurídica de nuestro país. Por ello, nunca existió posibilidad que esta ley, o cualquier otra, pueda ser materia de cuestión de confianza, por ser una facultad exclusiva y excluyente del poder legislativo.

Muy al estilo del presidente, el gabinete en una decisión que constituye infracción constitucional consideró que al haberse negado la confianza por rehusamiento expreso se había producido una crisis ministerial y que Aníbal Torres quedaba obligado a renunciar, y así lo hizo. 

El presidente demostrando que siempre puede hacer peor las cosas, designó a la cuestionada congresista Betsy Chávez como premier y así estrenaba su quinto gabinete. Los méritos de Chávez no son otros que ser una incondicional del presidente y tener un carácter confrontacional, que en este momento es ideal para los intereses políticos del gobierno.

Chávez es una joven abogada a la que se cuestiona un presunto plagio en su tesis y su cercanía a personajes como Rodolfo Orellana. Una vez elegida congresista fue designada ministra de trabajo y luego censurada por sus colegas congresistas, por el mal manejo de la huelga de controladores aéreos en Semana Santa y el intento de absorber con fines de desaparición a Servir.

Recientemente, como ministra de Cultura iba a ser censurada por haber contratado a varios familiares de Abel Sotelo, un joven a quien señalaban como su pareja sentimental, situación que fue negada por la ministra y que ahora es desvirtuada con un video que evidencia el afecto existente entre la premier y Sotelo. Una relación sentimental no tiene nada de malo, en la medida que la funcionaria pública no utilice su poder para favorecer a los allegados de su pareja.

Chávez por su carácter complicado mantiene algunos desencuentros con varios de sus colegas congresistas y personajes del gobierno como Dina Boluarte, a quien desembarcó del gabinete. Esta razón habría motivado que no resulte difícil en el Congreso reunir 98 votos para interponer una demanda competencial con una cautelar ante el Tribunal Constitucional, para evitar que el rechazo de plano a la solicitud que formuló Torres sea considerado como una denegatoria de confianza.

Castillo ha impulsado la cuenta regresiva de una colisión constitucional, Chávez ya declaró en su natal Tacna que va a buscar la “segunda” cuestión de confianza, ojalá que el orden constitucional se imponga y no sea que luego del cierre del Congreso, una foto del presidente con los militares zanje la crisis en desmedro de la democracia.

*Pablo Rioja Cueva es abogado especialista en derecho constitucional y administrativo, árbitro en contrataciones con el Estado y laboral. Tiene amplia experiencia en gestión pública y docencia universitaria. Fue regidor en la Municipalidad Provincial del Santa.

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