Creado el Lunes, 6 de Mayo del 2024 05:15:05 pm | Modificado el 06/05/2024 05:22:22 pm

El problema de liderazgo y falta de dirección política solo es la punta del iceberg de los problemas del sector Interior, indica el abogado Pablo Rioja Cueva

Mientras el gobierno nacional encabezado por Dina Boluarte se hunde entre los devaneos caprichosos de sus costosas e inexplicables vanidades que llegan en forma de suntuosos regalos y que hacen cada vez más evidente su desconexión con la realidad, el pueblo soporta la incapacidad gubernamental y padece una creciente delincuencia que genera una fuerte sensación de inseguridad en nuestras calles.

Está tan mal atendida la problemática de inseguridad que Boluarte puso como ministro del interior a un policía retirado que laboraba como repartidor de delivery en el extranjero y que evidentemente estaba muy desligado de la problemática que ocasiona la delincuencia en las calles de nuestro país, aun así, pasó a gozar del jugoso sueldo que llegó con el fajín ministerial hasta que la tumbada de puerta en la casa de la presidenta le enseñó el camino de salida del despacho ministerial.

Ante la insoportable inoperancia de Torres en el ministerio, designó como solución a Walter Ortiz, convirtiéndose en el quinto ministro del sector que nombra la mandataria desde diciembre del 2022. Sin embargo, las cosas no han mejorado mucho y por el contrario el problema de liderazgo y dirección política solo es la punta del iceberg de los problemas del sector.

La Policía Nacional del Perú tiene que administrar una legislación que limita demasiado su accionar frente a la delincuencia común porque es muy garantista con el delincuente, tiene una buena parte de sus miembros realizando labores administrativas y a otros siendo investigados por actos de función que más bien merecerían ser resaltadas como es el caso del policía Elvis Miranda Rojas, para quien la Fiscalía solicita tres años de prisión efectiva y 50 mil soles de reparación civil nada menos que por disparar a un delincuente en flagrancia.

La Fiscalía, por su lado, es un órgano constitucionalmente autónomo convertido en una calamidad debido al alto grado de politización de los bandos que se enfrentan en su interior por tomar el control. La pugna entre caviares y anticaviares ha llegado a niveles insoportables, siendo la “vendetta” una práctica tan común como la liberación de delincuentes con antecedentes delictivos.

La conducta de Vela, Pérez y Marita Barreto nos deja muy claro que los fiscales supremos y sus asesores deberían ser expectorados y profundamente investigados, porque crearon a dedazo limpio a los denominados “equipos especiales”, que no deberían existir porque en la práctica superponen sus labores a las fiscalías especializadas en corrupción de funcionarios y han demostrado que la finalidad subalterna de estos equipos es ser serviles a distintos tipos de intereses y de legalidad poco o nada y tienen como mayor logro, librar a Odebrecht y esconder el acuerdo al que arribaron.

En este escenario, el combate a la delincuencia queda en manos de nuestras autoridades locales, los comités de seguridad ciudadana y de la sociedad organizada.

Nuevamente, ante la inoperancia de nuestros líderes políticos y de las autoridades tutelares, queda en las manos de los comisarios, alcaldes y el pueblo organizada defendernos de la delincuencia, hasta que podamos librarnos de Boluartes, fiscales advenedizos y compañía.   

* Pablo Rioja Cueva es abogado especialista en derecho constitucional y administrativo, árbitro en contrataciones con el Estado y laboral. Tiene amplia experiencia en gestión pública y docencia universitaria. Fue regidor en la Municipalidad Provincial del Santa.