LA COLUMNA DEL DÍA | Seguir o no seguir, esa es la cuestión
Creado el Lunes, 4 de Septiembre del 2023 10:06:38 am
El Perú recién se ha enterado que el sentenciado terrorista Víctor Polay había interpuesto una demanda contra el Estado peruano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2007, y que esta demanda fue admitida en marzo del 2021, cuando fue notificada la petición del presidiario terrorista al Estado y que incluso, ya tuvo una primera respuesta por parte de nuestro país, el 3 de junio del 2021, durante el gobierno de Francisco Sagasti.
Además de la indignación causada por el desparpajo de Polay, no se entiende porqué Sagasti mantuvo en absurdo secreto la admisión de la demanda y su contenido, más aún cuando dicho acto genera demasiada suspicacia porque ocurrió luego de dieciséis años, tiempo en el que mediaron cinco escritos con información adicional que fueron remitidos por Polay entre los años 2010 y 2015 a la CIDH.
El texto de la petición ante la Comisión es una desvergüenza y refleja el nivel de cinismo del terrorista Polay, porque en la demanda invoca la presunta infracción del Estado peruano de los Arts. 5, 8, 9 y 25 de la Convención Americana sobre DDHH que están referidos a la integridad personal, garantías judiciales, principio de legalidad y protección judicial del SIDH. Es decir, el terrorista ahora solicita garantías de integridad personal cuando en su accionar como vil delincuente, fue quien ordenó el asesinato y secuestro de miles de peruanos, y sin ningún rubor, acude a pedir la protección judicial del Sistema Interamericano porque nuestro sistema judicial lo condenó severamente.
Por ello, considero que la demanda tiene dos finalidades, una política y otra económica. Políticamente, el terrorista Polay busca deslegitimar su sentencia, aduciendo que el trato recibido durante su detención, así como las condiciones carcelarias soportadas, han violentado sus derechos fundamentales, pretendiendo pasar de victimario a “víctima del sistema”. Económicamente, una decisión, aunque sea parcial o mínimamente favorable, le permitiría cobrar una jugosa indemnización al Estado peruano y le garantizaría vivir cómodamente cuando deje el penal.
El siguiente paso es que, la Comisión convoque a una audiencia para que el Estado peruano y la defensa de Polay expongan sus alegatos y luego el tribunal emitirá un pronunciamiento de fondo. La Corte no posee la facultad de anular o modificar una condena, pero que sí puede recomendar una “solución amistosa” entre Polay y el Estado. Si no hay acuerdo entre las partes, la Comisión determinará si hubo o no violación de derechos humanos y emitirá recomendaciones, si el Estado peruano no cumpliera con las recomendaciones, la Comisión denunciará el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por eso, preocupa qué pueda suceder porque la Comisión ya no es aquella institución que en antaño estudiábamos con devoción en las facultades de derecho. En las últimas dos décadas se ha convertido en un organismo tomado ideológicamente por la izquierda progresista continental (los que acá llamamos caviares) con sentencias cada vez más sesgadas por criterios ideológicos, siendo un esparcido rumor el cabildeo de poderosas ONG en la elaboración de las demandas orientadas al cobro de millonarias indemnizaciones.
Un detalle curioso es que el Sistema Interamericano goza de amplio prestigio en nuestro país, pero no es tan relevante en los demás países del continente, tanto que, Canadá y USA no son parte de la Convención Americana sobre DDHH, siendo las democracias más sólidas de este lado del mundo. Por no es descabellado pensar, si seguir o no seguir siendo parte del sistema.
*Pablo Rioja Cueva es abogado especialista en derecho constitucional y administrativo, árbitro en contrataciones con el Estado y laboral. Tiene amplia experiencia en gestión pública y docencia universitaria. Fue regidor en la Municipalidad Provincial del Santa.
