Creado el Miércoles, 25 de Julio del 2018 01:39:24 pm | Modificado el 06/10/2021 01:33:01 pm

Por Felipe Llenque Tume*

A propósito de los acontecimientos políticos que suceden actualmente en nuestro país, escuché las declaraciones de algunos magistrados implicados en el sistema de corrupción judicial. Algunos de ellos manifestaban que “volvían a su vida normal”, es decir, volvían a las aulas universitarias en la que algún día se desempeñaban, antes de llegar al lugar donde se han encontrado.

Estoy seguro que mucha gente se pregunta: ¿qué van a enseñar a sus  estudiantes estos tipejos? acaso enseñarán ¿Cómo robar sin dejar rastros?, o de repente por ahí el más avezado va a enseñar ¿deontología en la profesión? O ¿acaso existirá en alguna universidad con alguna asignatura como corrupción 1, corrupción 2? Si fuera así, ahí si estos estos personajes si tienen cabida.

Ante esta situación, sólo cabe inferir que la formación que realizan algunos centros de enseñanza se centran en una persona con intereses netamente cuantitativos o económicos, es decir, en formar personas  desconectadas con la realidad  de una sociedad y sólo se enfocan en formar personas bajo modelos de aprendizajes que les permitan lograr más ingresos o utilidades dejando o minimizando otros aspectos cómo  la ética, la moral. Ante estas circunstancias, hay que recordar al famoso filósofo Hindú: Tagore , quien señalaba, en su época:  “El hombre moral, el hombre íntegro, está cediendo cada vez más espacio, casi sin saberlo (...) al hombre comercial, al hombre limitado a un solo fin”.

Así también, ante los momentos que pasamos, también es importante conocer las cifras que afectan todo un sistema de una sociedad. Al respecto, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) informó que la corrupción en el sistema judicial le cuestan al país más de S/4.000 millones al año. Además se deteriora la competitividad y el desarrollo de la economía. “La corrupción es especialmente nociva para el crecimiento económico porque desalienta la inversión, al dañar la predictibilidad del sistema jurídico; y, de esta forma, hacer más riesgoso y menos productivos los emprendimientos empresariales.

Además, reduce la creación de empleo porque genera incertidumbre jurídica, inestabilidad política e inseguridad pública”, manifestó Ricardo Márquez, presidente de dicha organización empresarial. Bajo este panorama, el presidente del SNI propuso la adopción de la norma ISO 37001 con la finalidad de promover las buenas prácticas corporativas y, lo más importante aún, la implementación de la reforma integral del sistema peruano de justicia.

Expok comunicación de sustentabilidad y responsabilidad, indica  en su página web: “ Según ISO, el soborno es un fenómeno generalizado que plantea una serie de preocupaciones sociales, morales, económicas y políticas, socava el buen gobierno, dificulta el desarrollo, distorsiona la competencia, deteriora la justicia, debilita los derechos humanos y es un obstáculo para el alivio de la pobreza.

También aumenta el costo de hacer negocios, introduce incertidumbres en las transacciones comerciales, incrementa el costo y disminuye la calidad de los bienes y servicios, lo que puede llevar a la pérdida de vidas y riquezas, destruye la confianza en las instituciones e interfiere con el funcionamiento justo e eficiente de los mercados.

No podemos permanecer callados ante los hechos que se exhiben y que dañan la moral de todo un pueblo. Como lo he señalado en muchas ocasiones, esta situación se da por el modelo de sistema que tenemos, un sistema donde se pone por delante lo material, lo económico. Donde los valores de las personas no significan nada en un sistema corrupto. Donde nuestro país, según el Índice de Percepción de la Corrupción de 2017 de Transparencia Internacional, se encuentra en el puesto 96 de 180 países, figurando Nueva Zelanda y Dinamarca como los países más limpios.

*Felipe Llenque Tume

Pastdecano del Colegio de Licenciados en Administración (CORLAD Chimbote).

Foto referencial: ituarteindustrialservices.com

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