Creado el Domingo, 26 de Mayo del 2024 11:40:21 pm

Lo que es peor es que aún existen algunos políticos que creen que el modelo estatista es una alternativa elegible, señala el abogado Pablo Rioja Cueva

La petrolera estatal nos cuesta y mucho a todos los peruanos. El motivo es la ineficiente gestión administrativa, su cuantiosa deuda y una nula voluntad de enmienda. Este mal estatista se creía superado porque se suponía que fue una lección aprendida del pasado pero que fue resucitada por voluntad de Humala y su ministro Campodónico con la finalidad de solventar el elefante blanco en el que se convertirá la carísima y modernizada refinería de Talara, y cuya crisis se ha agudizado con el mal manejo de Castiilo y Boluarte

Por décadas el modelo de empresas públicas impulsada por el gobierno del dictador Gral. Juan Velasco fue la forma típica de hacer empresa, emulando el modelo económico imperante en aquella época en América Latina. El retorno a la democracia llegó con un gran número de actividades económicas a cargo de las empresas estatales cuya herencia no fue desmontada por Belaude II y que irremediablemente colapsó con Alan I.

El precio de la mal llamada “dignidad” y mal entendida “soberanía” nacional fue una enorme burocracia alimentada por el carné partidario, tanto en el segundo belaundismo como en el primer gobierno aprista, que aunado a un manejo político de las decisiones empresariales llevaron a las empresas públicas al fracaso.

A mediados de los 90, la privatización de las empresas públicas era un clamor popular del que sólo eran ajenos los empleados públicos, aun cuando varios de ellos eran conscientes que el modelo estatista había fracasado, el país se había quedado sin reservas agotado de subsidiar empresas que todos los años arrojaban pérdidas y sindicatos intransigentes que sólo se preocupaban de obtener mayores beneficios, sin cuantificar el costo de sus demandas, que a la postre hacían inmanejable la gestión empresarial y la pérdida de puestos de trabajo para sus afiliados.

La rigidez laboral imperante en las empresas públicas fue mal utilizada, llevando a que muchos empleados públicos olvidaran que su razón de ser era el servicio público y no servirse de la cosa pública.

En el contexto del caos económico y social de los 90, el fujimorismo aplicó la receta neoliberal y privatizó la gran mayoría de empresas públicas, Petro Perú no fue privatizada. En medio del desorden y corrupción hubo de todo y lamentablemente algunas privatizaciones fracasaron como el caso de Siderperú que nunca levantó su producción y dejó de ser una empresa líder en el país para mala suerte de Chimbote y la familia siderúrgica.

A pesar de todo lo que se pueda discutir, lo cierto es que cuando una empresa privada fracasa afecta sólo a sus trabajadores, pero cuando una empresa pública es ineficiente y tiene pérdidas, sus trabajadores siguen cobrando sus sueldos normalmente y la pérdida la pagamos todos peruanos a través de impuestos directos e indirectos. Es decir, la regla que se aplica es inversamente perversa en desmedro de la gran mayoría del país.

Ahora, nuevamente Petroperú necesita de la inyección de capital para financiar sus operaciones y mitigar sus pérdidas, lamentablemente el financiamiento saldrá del bolsillo de todos los peruanos, no hemos aprendido la lección y lo que es peor, aún existen algunos políticos que creen que el modelo estatista es una alternativa elegible.

* Pablo Rioja Cueva es abogado especialista en derecho constitucional y administrativo, árbitro en contrataciones con el Estado y laboral. Tiene amplia experiencia en gestión pública y docencia universitaria. Fue regidor en la Municipalidad Provincial del Santa.