Creado el Lunes, 30 de Septiembre del 2024 12:37:31 am | Modificado el 30/09/2024 10:40:43 am

Es momento de actuar seriamente, quizá la solución ya no pase por salir a las calles, sino que talvez sea más productivo exigir la articulación de acciones contundentes, señala el abogado Pablo Rioja Cueva

En medio de la permanente crisis política que vive el país, la semana que pasó la inseguridad ciudadana alcanzó niveles que antes hubieran sido imposibles de creer.

El asesinato de choferes de microbuses en Lima encendió las alarmas de los transportistas y ante la desolación porque el hampa hace y deshace a sus anchas, sin que exista una respuesta articulada frente al asedio criminal por parte del gobierno, los hombres del volante convocaron a un paro para protestar contra los extorsionadores, que están matando sin piedad a sus agremiados.

En un hecho inaudito, hemos presenciado el primer paro de transportistas que no tiene como demanda el aumento de la tarifa, ni reclamar por el precio del combustible o por la eliminación de alguna exigencia para ejercer su actividad, sino por un derecho tan natural cono fundamental, como es el derecho a la vida. Los extorsionadores, han amenazado a miles de transportistas, solicitando el pago de un cupo para dejarlos trabajar tranquilos, y a aquellos que se han resistido a sus ilícitos pedidos, los han matado a sangre fría para causar pánico entre sus similares, y así, obtener el pago requerido de aquellos que se dedican honradamente a la actividad del transporte público de pasajeros.

La respuesta del gobierno fue declarar estado de emergencia en varios distritos capitalinos, decisión limitada y temporal que no ha causado el efecto esperado por la escaza confianza que generan estas medidas. Además, es difícil recuperar la confianza cuando es evidente que la PNP está siendo rebasada en su capacidad operativa, y vemos reiteradamente el errático accionar de jueces y fiscales que dejan libres a los delincuentes que son detenidos por las fuerzas policiales.

Es que, ante el escenario actual en que la amenaza de la extorsión ha crecido sin que nuestras autoridades puedan evitarlo, corresponde empezar a tomar decisiones más rápidas y drásticas, que van desde modificar la débil legislación contra crimen organizado y quizá sea pertinente explorar la creación de la figura penal de terrorismo urbano, porque es indiscutible que el accionar de los extorsionadores viene creando terror y pánico en la población,  luego establecer que la investigación preliminar vuelva a manos de la policía que tiene mayor preparación en criminalística que un fiscal o un juez, y finalmente mejorar la calidad de nuestros magistrados para que comprendan que el derecho debe ser utilizado para garantizar la convivencia social armoniosa por sobre los derechos humanos de aquellos que no tiene piedad con la vida y el derecho de sus semejantes.

Es momento de actuar seriamente, quizá la solución ya no pase por salir a las calles, sino que talvez sea más productivo exigir la articulación de acciones contundentes que provengan de los sectores gremiales como el colegios de abogados, autoridades políticas como son los alcaldes y principalmente de un accionar responsable de parte el Ministerio Público.

*Pablo Rioja Cueva es abogado especialista en derecho constitucional y administrativo, árbitro en contrataciones con el Estado y laboral. Tiene amplia experiencia en gestión pública y docencia universitaria. Fue regidor en la Municipalidad Provincial del Santa.