Creado el Miércoles, 22 de Julio del 2020 01:09:16 pm | Modificado el 06/10/2021 01:36:24 pm

Este sector predomina cuando el marco legal y normativo es opresivo, cuando los servicios ofrecidos por el gobierno no son de gran calidad, y cuando la presencia y control del Estado son débiles, advierte el doctor Felipe Llenque Tume*

Si hubiera que señalar cuáles son los principales problemas álgidos que tiene nuestra sociedad, uno de ellos sería la informalidad. Definamos este término. Según Norman Loayza, de Estudios Económicos del BCR, indica: El sector informal está constituido por el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales y normativos que rigen la actividad económica. Por lo tanto, pertenecer al sector informal supone estar al margen de las cargas tributarias y normas legales, pero también implica no contar con la protección y los servicios que el estado puede ofrecer.

Según señala la Serie Informes Especiales Nº 02 de la Defensoría del Pueblo, de acuerdo a la encuesta realizada por IPSOS Perú en marzo de 2020, a nivel nacional, 25 % de las personas respondieron que “se han quedado sin trabajo” durante el aislamiento social obligatorio por la COVID-19. Este solo resultado, que supone dejar de percibir abruptamente ingresos, da una idea de la precariedad laboral en la que se encuentran millones de peruanos.

Éste mismo Informe, señala que la tasa de informalidad en Latinoamérica es de 53% y solo es superada por África Subhariana. Su alta incidencia es común en los países en vías de desarrollo. Así, tenemos que, en nuestra región, de acuerdo a información del Foro Económico Mundial, y con la exclusión del trabajo agrícola, Perú es el país que tiene las más altas tasas de empleo informal. Le siguen los estados centroamericanos de El Salvador, Honduras y Guatemala. En el polo opuesto, con una menor informalidad laboral, encontramos a Costa Rica, Uruguay y Brasil.

Al respecto, es importante considerar el estudio de Norman Loayza, de Estudios Económicos del BCR, respecto al estudio de este fenómeno de la informalidad, el mismo que indica que, su crecimiento está ligado a las olas migratorias en dirección a Lima. Este análisis puede ser extensivo a los movimientos humanos desde el área rural hacia las capitales de las ciudades. En ese sentido, se sostiene que las principales estrategias de subsistencia y escape de la situación de pobreza en la que se encontraban se generaban al margen de la legalidad. 

Por tratar de eludir el control del estado, continua señalando el estudio de Norman Loayza, muchas empresas informales siguen siendo empresas pequeñas con un tamaño inferior al óptimo, utilizan canales irregulares para adquirir y distribuir bienes y servicios, y tienen que utilizar recursos constantemente para encubrir sus actividades o sobornar a funcionarios públicos. Además, el sector informal genera un factor externo negativo que se agrega a su efecto adverso sobre la eficiencia: las actividades informales utilizan y congestionan la infraestructura pública sin contribuir con los ingresos tributarios necesarios para abastecerla. Puesto que la infraestructura pública complementa el aporte del capital privado en el proceso de producción, la existencia de un sector informal de gran tamaño implica un menor crecimiento de la productividad.

La informalidad surge cuando los costos de circunscribirse al marco legal y normativo de un país son superiores a los beneficios que ello conlleva. La formalidad involucra costos tanto en términos de ingresar a este sector –largos, complejos y costosos procesos de inscripción y registro– como en términos de permanecer dentro del mismo –pago de impuestos, cumplir las normas referidas a beneficios laborales y remuneraciones, manejo ambiental, salud, entre otros. En principio, los beneficios de la formalidad son la protección policial frente al crimen y el abuso, el respaldo del sistema judicial para la resolución de conflictos y el cumplimiento de contratos, el acceso a instituciones financieras formales para obtener crédito y diversificar riesgos y, más ampliamente, la posibilidad de expandirse a mercados tanto locales como internacionales. Cuando menos en principio, la pertenencia al sector formal también elimina la posibilidad de tener que pagar sobornos y evita el pago de las multas y tarifas a las suelen estar expuestas las empresas que operan en la informalidad. Por ello, este sector predomina cuando el marco legal y normativo es opresivo, cuando los servicios ofrecidos por el gobierno no son de gran calidad, y cuando la presencia y control del Estado son débiles.

* Felipe Llenque Tume es doctor en Administración, past decano del Colegio Regional de Licenciados en Administración (Corlad Chimbote), director de la Escuela de Administración en la Uladech Católica, consultor en capacitación y asesoría empresarial a sectores económicos de producción y servicios, y miembro del Directorio de Sedachimbote.

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