Creado el Lunes, 7 de Agosto del 2023 07:57:25 pm

Si la intención es limpiar y transparentar la política, es necesario ser más objetivos y establecer una serie de exigencias para evitar dinero mal habido en las campañas electorales, señala el abogado Pablo Rioja Cueva

El financiamiento de las campañas políticas es el origen de la corrupción en todos los niveles de gobierno, en el Perú y en el extranjero cuando el candidato electo ha recibido el “apoyo” condicionado a acciones dolosas o favorecimientos irregulares durante el gobierno.

Esta semana la escandalosa novedad llegó de la vecina Colombia, en la que Nicolás Petro, nada menos que hijo del presidente colombiano, declaró ante la Fiscalía haber recibido financiamiento del narcotráfico para los gastos de campaña de su padre y con ello haber adquirido lujosos bienes personales.

En el Perú, Ollanta Humala y su cónyuge están investigados por el presunto financiamiento de sus campañas electorales, en el 2006 se hablaba de los petrodólares venezolanos pagando gastos de campaña y para el 2011 el apoyo brasileño a través de sus operadores fue muy evidente; tanto que, hasta los principales asesores de la campaña electoral vinieron del país carioca y fueron determinantes para la victoria de la dupla Humala-Heredia.

En el 2021 se imputó a la organización criminal denominada “Los dinámicos del centro” de haber financiado con dinero ilícito al candidato y luego presidente; Pedro Castillo, con aportes que luego tampoco fueron declarados a las autoridades electorales.

En el caso de Humala y Castillo, se trata de campañas electorales en las que sus candidatos salieron victoriosos, pero no fueron los únicos, también es conocido el caso de Keiko Fujimori que fue hasta en dos ocasiones a prisión preventiva por la misma imputación.

¿Por qué el financiamiento ilegal se ha vuelto tan común? Porque en el Perú y en América Latina el populismo y clientelismo son dos pilares fundamentales de la acción política debido a la proclividad del elector para ser seducido por discursos potentes tipo “no más pobres en un país rico” y por ofertas de subsidios económicos a determinados sectores o grupos de poder como sindicatos o agremiaciones empresariales como mineras, pesqueras o de cualquiera otra índole, que necesite del “proteccionismo” o de la “regulación estatal” a través del gobierno de turno, generando la necesidad de financiar una efectiva campaña publicitaria con ese tipo de mensajes durante la campaña electoral.

Sin embargo, el límite normativo del financiamiento ilegal es bastante impreciso en nuestro país, porque mientras en el caso del presidente Petro en Colombia resulta evidente que no existe justificación alguna que valide a los narcodólares en la campaña electoral; en el Perú la cosa es diferente debido a que la fiscalía a través del Equipo Especial de Vela y Pérez ha expulgado con mayor vehemencia el apoyo económico desmesurado pero con dinero lícito de empresarios o grupos empresariales en algunas campañas electorales como la fujimorista, contrariamente ha existido mayor benevolencia al financiamiento de origen ilícito proveniente de actividades delictivas; es decir, homologa y trata de la misma manera al dinero con origen lícito e ilícito, desnaturalizando la finalidad de la normativa.

Si la intención es limpiar y transparentar la política, es necesario ser más objetivos y establecer una serie de exigencias para evitar dinero mal habido en las campañas electorales; para ello, considero que se deberían exigir tres requisitos: primero, declarar la procedencia del dinero; segundo, declarar la afinidad e intereses con el candidato, y tercero, declarar la existencia o inexistencia respecto a intereses en el Estado, con la finalidad de castigar objetivamente el origen ilícito del dinero y el lavado de activos.

*Pablo Rioja Cueva es abogado especialista en derecho constitucional y administrativo, árbitro en contrataciones con el Estado y laboral. Tiene amplia experiencia en gestión pública y docencia universitaria. Fue regidor en la Municipalidad Provincial del Santa.