Creado el Lunes, 3 de Abril del 2023 09:44:01 am

El tiempo, antes que la fiscalía, nos dirá quiénes fueron los interesados  en hacer que parezca que todo iba cambiar con estas medidas, señala el abogado Pablo Rioja

Desde que en julio del 2017 Ollanta Humala y Nadine Heredia fueron enviados a prisión preventiva por el caso Odebrecht, los peruanos hemos observado a escala nacional y cada vez con mayor naturalidad, como esta medida coercitiva aplicada a lo más granado de nuestros políticos, empresarios y gobernantes generaba la expectativa de que la justicia por fin llegaba a pedirles cuentas y que más temprano que tarde serían severamente condenados por los delitos que habían cometido.

Un año después, Keiko Fujimori pasó por el mismo estadío que repetiría dos veces más y estrenaría en las audiencias judiciales un inusual chaleco con la frase “detenido” en letras lo suficientemente grandes como para pretender derribarla políticamente, mientras que, Alan García se suicidaría antes de ser detenido y expuesto ante el país que había gobernado dos veces. Además, fueron involucrados en las investigaciones poderosos empresarios dueños de medios de comunicación muy influyentes, así como propietarios de empresas constructoras que habían contratado por millonarias sumas con el Estado peruano.

Los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez fueron elevados a la categoría de héroes por un sector de la sociedad, en la creencia que estas detenciones implicaban un cambio en la Fiscalía y que pronto los detenidos serían acusados ante un juez penal y tendrían una sentencia ejemplar. Ambos fiscales se presentaban en todo medio de comunicación que quisiera invitarlos, en un hecho sin precedentes y que si bien era aplaudido ingenuamente por un sector del país, a otros nos empezaba a arrancar suspicacias, porque las investigaciones por mandato de la ley son reservadas y naturalmente un fiscal busca que su tesis acusatoria no sea expuesta, sino hasta la audiencia en la que formaliza su acusación para llevar a juicio a sus investigados, algo que no estaba ocurriendo, pero pocos querían hacer notar.

Otro hecho que nos generaba desconfianza a un sector de abogados era la manera en que las diligencias también reservadas eran puestas a conocimiento de la opinión pública en tiempo real en medios afines a los fiscales, pero que ¡oh casualidad! pertenecían a José Graña, uno de los principales implicados en la trama de corrupción que azota al país. Sin dejar de mencionar que la omnipresente IDL gozaba de información privilegiada que utilizaba con bastante precisión y desconocido interés.

Han pasado seis años y salvo Ollanta Humala, nadie ha ido siquiera a juicio por las acusaciones que mantienen, casi todos ya salieron libres en medio del silencio mediático que ahora parece acompañarlos.

Las detenciones no han servido de mucho, luego de este despelote elegimos a Pedro Castillo que llegó al poder para hacer más de lo mismo y ahora él y sus allegados pasan por igual proceso que todos los anteriores, por eso tengo muy poquita fe respecto a este nuevo episodio de prisiones preventivas.

Las detenciones han servido de poco o nada judicialmente, porque fueron utilizadas como un show mediático al más puro estilo de pan y circo romano, siendo un perfecto escudo para distraer la atención del pueblo y jugar una vez más con sus expectativas.

El tiempo y las circunstancias, antes que la fiscalía, nos dirán, quién o quiénes fueron los que tuvieron muchísimo interés en que parezca que todo iba cambiar para que luego nada cambie, y si no es el tiempo, talvez sea la colaboración eficaz (ojalá sirva esta vez) a la que quiere acogerse Alejandro Toledo, otro ídolo de barro que llevamos al poder y que tiene mucho que decirle al Perú de los entretelones de poder y corrupción que padecemos.

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Rsd2022rsd2022 · LA COLUMNA DEL DÍA | El show de las prisiones preventivas