LA COLUMNA DEL DÍA | El pago de la deuda social: una alternativa para pasar del ofrecimiento al hecho
Creado el Viernes, 9 de Agosto del 2019 10:13:39 am | Modificado el 06/10/2021 01:34:27 pm

Hace algunas semanas comenté sobre la deuda económica, mal llamada social, que durante décadas el Estado mantiene impaga con sus servidores y exservidores de salud y educación, muchos de ellos fallecidos, a otros no les falta mucho, y un gran sector de jubilados o a punto de serlo ve casi sin esperanzas que se honre. El Estado cabeceador, acorralado por las sentencias judiciales, programó el último año solo 200 millones de soles para este fin para distribuir en todo el país. Para ello, en enero de este año el Ministerio de Educación emitió un decreto supremo que establece prioridades de pago de amortizaciones para el sector Educación, empezando por los que padecen enfermedad terminal, enfermedad en fase avanzada, mayores de 65 años y luego todo el pelotón de menores de 65 años. Ahora bien, aunque es materia de otro análisis, en mi opinión el orden de prioridad es justo, pero no así que solo se amortice y no se pague el total.
He recordado que en campaña el actual gobernador de Áncash ofreció gestionar el pago de la deuda social para los maestros. Después de eso su gerente de Desarrollo Social mostró un oficio con el que informaba cuántas sentencias en calidad de cosa juzgada existen en la región, mas no dijo que ese es un trámite rutinario que se hace periódicamente a petición del Ministerio de Economía y Finanzas. Al parecer a eso le llaman “gestionar”, o es ignorancia, o burla a los acreedores, o las dos cosas juntas. Asimismo, he cuestionado a un congresista de la mayoría del Parlamento por su pose de “exhortar” al pago de esta inmoral deuda, pese a que desde su posición de poder no hizo nada para lograr ese pago.
Cuando existe voluntad, se buscan alternativas. En otras regiones se ha venido pagando progresivamente con saldos de balance, que si bien es poco, muestra que hay voluntad y decisión por atender la deuda. Otra alternativa es solicitar un crédito suplementario y que se apruebe una mayor suma para el año 2020. Por último, he podido advertir que es posible que se disponga que el dinero recuperado de la corrupción y las reparaciones civiles obtenidas por este delito, o al menos parte de ella, se destine al pago de esta antigua deuda social antes de que se sigan muriendo más acreedores.
Respecto al pago de reparaciones civiles por corrupción en Áncash, un mes atrás el gerente general regional anunciaba que han ingresado 12 millones y medio de soles a las cuentas del gobierno regional como parte del cobro ejecutado a Odebrecht , de un total de 65 millones de soles que se recibirán gracias al buen trabajo de las procuradurías anticorrupción, lo cual –a decir del propio gerente– entrarán a formar parte de los recursos directamente recaudados; es decir, serán usados en gasto corriente. Este anuncio trae consigo un peligro o una oportunidad, dependiendo de las decisiones que adopten los responsables del gobierno regional. Con esto quiero decir que es un peligro si lo gastan en pago de arbitrajes a empresas constructoras, pago a sus amigos asesores y locadores, compra de bienes o adquisición de servicios, como parece ser su propósito –muy conveniente para ellos–, y por otro lado sería una oportunidad de cumplir con sus promesas electorales si se invierte en el aspecto social, en el capital humano –que dicen que es lo más importante– y mostrar por una vez siquiera que son capaces de cumplir su palabra y pagar parte de la deuda social.
Con estos antecedentes, revisé el marco normativo existente para el uso de este dinero, cuyo ingreso no estuvo presupuestado, y encontré que el Decreto Supremo N° 009-2010, del Ministerio de Justicia, que aprueba el procedimiento para el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de procesos seguidos sobre delitos de corrupción y otros delitos conexos, establece que: “En los casos que haya una sola entidad agraviada, el 50 % del pago de la reparación civil se destinará a dicha entidad y el otro 50 % se destinará al Ministerio de Justicia”. Además, en el numeral 3.2. de la misma norma se establece: “Las entidades agraviadas diferentes del Ministerio de Justicia establecerán el destino de los recursos obtenidos en aplicación de los artículos 1 y 2 del presente decreto supremo, mediante resolución de su titular”. En esta norma se establece para qué aspectos se destinará la parte que corresponde al Ministerio de Justicia, no así para las entidades agraviadas. En definitiva, en Áncash el gobernador regional decide en qué gastará el dinero obtenido por concepto de cobro de pago de reparación civil que, como ya dijimos, hasta el momento se ha calculado en 65 millones de soles. Esperamos, ahora sí, la “exhortación” de los cinco congresistas por Áncash y que junto al gobernador se hagan “unita” en favor del pueblo antes de irse.
Este es el caso de Áncash que pagó un alto precio al ser golpeado por la corrupción y hoy recibe una pequeña compensación económica cuyo destino de gasto está en manos de su gobernador; no obstante, mostramos una oportunidad para que a nivel nacional, además de lo destinado en el Presupuesto General de la República, el dinero obtenido por pagos de reparaciones civiles y el dinero recuperado de la corrupción sean destinados al menos en parte al pago de la deuda social antes de que los acreedores del Estado se mueran. Hoy planteamos esta tarea para congresistas, gobernadores, consejeros regionales, y que los diversos actores involucrados propongan una modificatoria a la norma para que no solo sea explícita en permitirlo, sino que así lo determine. Cientos de miles de familias se los agradecerán, pese a que solo es su trabajo.
* Miguel Arista Cueva es docente y abogado. Consultor, conferencista, especialista en gestión pública, educación y derecho administrativo. Fue director regional de Educación de Áncash y del Colegio de Alto Rendimiento de Cajamarca.
Composición: RSD
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