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LA COLUMNA DEL DÍA | La deuda social, deuda inmoral: oportunismo y olvido

Recientemente se ha establecido prioridades para el  pago: primero los que padecen enfermedad terminal, enfermedad grave, jubilados, etc.   Esa prioridad parece justa hasta que nos dicen que se les pagará solo una parte; además, parece que el mensaje a los maestros fuera: cuando estés muriéndote te pago una parte, comenta el profesor Miguel Arista

De un tiempo acá la “deuda social” se ha puesto de moda en boca de políticos y periodistas, ya que  para los maestros es un concepto “familiar”. Pero, ¿a qué se refiere? La deuda social no es otra cosa que las bonificaciones que el Estado dejó de pagar a los trabajadores o se ha pagado menos de lo debido por años. En el caso de los maestros, que es el más numeroso, el Estado  mediante la Ley del Profesorado creó bonificaciones en el año 1990 y se pagó irrisoriamente por debajo de lo debido hasta el año 2012, en que se derogó para incluir a todos en la Ley de Reforma Magisterial. De allí surge una cuantiosa deuda del Estado para con los maestros, muchos de los cuales fallecieron sin cobrar lo que les correspondía.

Muchos creen que la deuda social es un concepto que los maestros reclaman como una nueva reivindicación. ¡Pues no! Es un derecho violentado por un Estado ‘cabeceador’ y ‘perromuertero’ que ha ocasionado que se acumule una cuantiosa deuda por no haber pagado a los maestros durante 22 años lo que les correspondía. Aún después de muchos años el Estado se negó a pagar esa deuda y los maestros tuvieron que acudir al Poder Judicial para exigir, mediante un largo juicio, el reconocimiento de un derecho que abusivamente no se respetó. Era tal la falta de voluntad de reconocer este recortado derecho que el Ministerio de Educación exigía a las Unidades de Gestión Educativa Local y a las Direcciones Regionales de Educación “apelar” obligatoriamente los procesos emprendidos por los maestros.

El Estado obliga a los trabajadores a cumplir las normas, lo cual es correcto; pero, ¿y qué pasa cuando es el Estado quien no las cumple? ¡Nada! La deuda social es, por eso, una deuda inmoral de un Estado que crea bonificaciones y que no las paga como debe ser, además bloquea la posibilidad que los maestros ganen sus juicios; muchos fallecieron sin que se les haga justicia. Recientemente se ha establecido prioridades para el  pago: primero los que padecen enfermedad terminal, enfermedad grave, jubilados, etc.   Esa prioridad parece justa hasta que nos dicen que se les pagará solo una parte; además, parece que el mensaje a los maestros fuera: cuando estés muriéndote te pago una parte.

Si todo ese largo calvario ya es indignante, lo es más que los políticos se aprovechen de este tan postergado anhelo, para demagógicamente promocionarse y luego echarlo al olvido. Es el caso que en Áncash un sindicato se arroga una gestión que no realizó. Asimismo, un gobernador que ofreció en campaña apoyar el pago de la deuda social, seis meses después no muestra nada. Y recientemente,  un congresista “exhorta” al gobernador a que pague la deuda social, demostrando su total desconocimiento  del tema. Siempre me han indignado los oportunistas  que trafican con la necesidad, las expectativas de la gente para ganar votos o reconocimiento. Si quieren aplausos, gánenselos, hagan realidad el pago de la deuda social tanto desde la gobernación regional como desde el Congreso… total, si coordinan para otras cosas, háganlo también para hacer justicia con miles de maestros.

Lo cierto es que la consecución de este reconocimiento de pago no corresponde a ningún favor de  político, dirigente, ni funcionario. Es un logro de los maestros que lucharon perseverantemente hasta que algunos gobernantes regionales fueron escuchando y contagiando a los demás. En Áncash, hace pocos años, un grupo de docentes contactó con el consejero por la provincia del Santa, y este trasladó el tema a los demás consejeros que acordaron el reconocimiento a nivel administrativo, y el gobernador de turno emitió un decreto regional que luego los directores regionales de Educación temieron aplicar, hasta que nos tocó asumir la decisión de ordenar su aplicación, aún en contra de la opinión de los ministerios. Cabe señalar que estas decisiones no significan un acto heróico de quienes tuvimos el turno de ser autoridades en ese entonces; el derecho estaba reconocido en sentencias del Tribunal Constitucional. Solo se hizo lo justo y legal.

Ojalá que este llamado de atención sirva para que los maestros se unan y las autoridades, sin poses oportunistas, demuestren con hechos concretos  y contribuyan a cesar la injusticia cometida por más de una década por un Estado que generó una cuantiosa deuda inmoral. 

* Miguel Arista Cueva es docente y abogado. Consultor, conferencista, especialista en gestión pública, educación y derecho administrativo. Fue director regional de Educación de Áncash y del Colegio de Alto Rendimiento de Cajamarca. 

Foto: El Men

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