LA COLUMNA DEL DÍA ¿Qué debe hacer el Estado para que los hechos de violencia no se repitan?
Creado el Viernes, 9 de Noviembre del 2012 03:25:50 pm
Para atender qué hacer para que estos hechos no se repitan, es imprescindible entender por qué se dieron los mismos; ¿cómo un grupo de la naturaleza de Sendero Luminoso pudo ser capaz de constituir una seria amenaza para la sociedad y el Estado?
Es duro decirlo, pero entre algunas respuesta, se encuentra el hecho de que este grupo criminal explotó las profundas brechas sociales existentes en el país. Uno de los sectores donde su discurso radical alcanzó mayor receptividad fue precisamente el de muchos jóvenes en situación de postergación y atraso, y sin perspectivas de superación y desarrollo, ante un Estado indiferente con ellos.
El discurso radical de Sendero Luminoso logró reclutar a muchos militantes y simpatizantes, algunos de los cuáles ni siquiera entendían con claridad los objetivos de este grupo criminal. Otro de los aspectos que se aprovechó fue la falta de presencia del Estado – mediante escuelas, comisarías, postas médicas, y otras instituciones – así como la ausencia de mecanismos institucionales para expresar sus demandas.
Atendiendo a este diagnóstico, es imprescindible, de un lado enfrentar las causas de la violencia, y del otro, atender las secuelas de la misma e implementar las recomendaciones de reformas institucionales que propuso la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y que fueron recibidas y aceptadas por el Estado peruano.
Una de las formas de enfrentar esta situación debe ser el cumplimiento del Plan de reparaciones integrales para las víctimas de la violencia. Desde el año 2005, contamos con una Ley que reconoce hasta siete programas de reparación para las víctimas de la violencia política, que son programas de carácter colectivo, individual y simbólico. Durante estos años, los esfuerzos del Estado estuvieron dirigidos básicamente al impulso y dotación de recursos para el Programa de Reparaciones Colectivas, dirigidas a las comunidades afectadas en su conjunto, dejándose de lado los programas de reparación individual –en salud, educación, promoción y acceso habitacional, restitución de derechos y económicas que constituyen en la actualidad la principal demanda de los afectados.
Si bien esos avances nos alientan a proseguir luchando, debemos señalar que estas medidas siguen siendo insuficientes y no han tenido aún el impacto que miles de personas esperan.
El camino hacia la reconciliación no es fácil ni se debe entender como un simple acto de perdón. Su significado es más ético y humano. Ese camino busca la puesta en marcha de un proceso de restablecimiento de los vínculos fundamentales entre los peruanos, vínculos destruidos o deteriorados por la violencia iniciada por Sendero Luminoso, y en el que todos nos vimos involucrados y afectados, en mayor o menor medida. El proceso de reconciliación no constituye una tarea sencilla; por el contrario, es complejo, pero no imposible.
Por ello, es preciso que el Estado comprenda que el cumplimiento del Plan Integral de Reparaciones, de las demandas en el tema de justicia, así como de memoria y de búsqueda de los desparecidos, atiende sólo una parte de la problemática de la situación de pobreza y exclusión social del colectivo de afectados y de sus familiares.
Los esfuerzos estatales tienen que orientarse a saldar esta brecha social, y paralelamente, a liderar la generación de contextos en los cuales las víctimas de la violencia puedan paulatinamente transitar de la condición en que hoy se encuentran a la del ejercicio de la ciudadanía plena, única posibilidad en la cual las personas son dueñas de su propio destino con dignidad, sin discriminación y en igualdad de oportunidades.
No es posible edificar una sociedad reconciliada sin atender las justas demandas de este colectivo importante de personas, y sin implementar las necesarias reformas institucionales para que estos hechos no vuelvan a suceder jamás.
Por otro lado, la tarea de la población, principalmente de los jóvenes, es informarse, conversar al respecto, analizar y reflexionar sobre los graves daños que nos dejó el terrorismo, cuyas secuelas el Estado está en la obligación de atender y la sociedad en su conjunto exigir.
Roslin Villanueva Ramírez
Coordinadora del Módulo de Atención Defensorial de Chimbote
Defensoría del Pueblo
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