Creado el Lunes, 10 de Septiembre del 2012 03:10:26 pm

Y ha empezado este ordenamiento correctamente, concentrando su atención en la anchoveta, en la medida que este preciado recurso necesita la protección del Estado, porque de su preservación dependen no solo las demás especies marinas para su supervivencia, sino también tanto los pescadores artesanales como los industriales por tratarse de su fuente laboral, así como la población para su alimentación por su alto contenido de proteínas y hasta el mismo Estado por la importancia que debe significar su recaudación tributaria.

El respeto a las 5 millas marinas que se busca con esta norma, aparte de proteger el área destinada a la fase reproductiva de la anchoveta y demás especies que en ella habitan, ha tenido un efecto positivo adicional en el hecho que pone fin a la informalidad de inescrupulosos industriales que no tributan al Estado, depredan la especie, no pagan beneficios sociales a su tripulación y encima han creado un poder económico de tal dimensión que han pretendido derogarla, usando el poder político de necias autoridades que han subordinado su compromiso con las nobles causas del pueblo al cual representan, y se han puesto a su servicio.

Confiamos que la misma valentía y decisión que caracterizaron a la ministra al enfrentar el caos en el sector artesanal deben acompañarla ahora para hacerle frente a un enemigo mucho más poderoso como es el empresariado pesquero industrial, que reaccionará, sin duda alguna, con toda su maquinaria mediática y su poder político cuando Produce empiece a poner orden en ese sector.

Como primer punto, debemos considerar el hecho de que este privilegiado grupo recibe la exigencia del Estado solamente para pagar el derecho de pesca, que ni siquiera llega a los 3 dólares por tonelada de anchoveta extraída, y le deja toda nuestra riqueza marina a su disposición, excluyendo a la población de su pleno derecho a gozar de los beneficios económicos que esta actividad industrial genera y por el contrario le traslada los pasivos ambientales y los daños ecológicos que a lo largo del litoral peruano va dejando.

Por eso, es necesario revisar la política tributaria pesquera, entrampada además por el candado jurídico que el empresariado pesquero ha logrado ponerle a ese irrisorio derecho de pesca que paga, ya que por 10 años no podrá ser modificado, tal como expresa la Primera Disposición Final del funesto Decreto Legislativo 1084, vergonzosamente hecho a su medida. Por tal motivo, habría que evaluar la posibilidad de crear sobre esta actividad extractiva otro tipo de obligaciones, por ejemplo, las regalías pesqueras, para que la nación pueda tener participación justa de la riqueza que ella produce y que hasta ahora solamente la goza el empresariado pesquero.

Tarea pendiente es también para Produce cumplir con la promesa de la exviceministra de Pesquería Rocío Barrios hecha el año pasado, en el sentido de que este año el Estado iba a asumir el control y fiscalización en las descargas de anchoveta, ante las denuncias de IDL Reporteros en un informe que evidencia las altas discrepancias existentes entre la pesca declarada y la pesca descargada, que en buen romance significa un robo descarado al pescador en sus remuneraciones y al mismo Estado peruano en sus tributos, al margen que se distorsiona el volumen real de la pesca capturada y pone en riesgo la preservación del recurso. Cabe señalar que actualmente esta labor la realizan las empresas Cerper y SGS, en lo que significa un evidente conflicto de intereses, ya que sus servicios son pagados por la misma empresa que es fiscalizada.

Queda pendiente también el compromiso social del Estado con los pescadores industriales anchoveteros activos y jubilados, que debe cumplirlo al uniformizar el pago de las empresas pesqueras del 22.40% como participación de pesca que obliga la norma vigente (Decreto Supremo 009-76-TR) y cuyo incumplimiento es el origen de todos los males que aquejan al pescador activo y que ha creado el drama actual que viven miles de pescadores jubilados de todo el país y que se encuentran por más de 30 meses sin el pago de sus ínfimas pensiones.

Asimismo, se debe reformular la distribución del canon pesquero (50% de los derechos de pesca y 50% del Impuesto a la Renta), de tal manera que no se atomice al momento de que se les asigne a los gobiernos locales y regionales por la poca recaudación obtenida por este concepto.

En suma, creo que la valiente actitud de Gladys Triveño demostrada al ordenar el sector artesanal debe ahora volcarse al sector industrial, y para que su intervención tenga mejor efecto, debe estar respaldada públicamente por el Presidente Ollanta Humala, entendiendo que esta actitud decidida del Ejecutivo responde a la necesidad de establecer en las pesquerías políticas de Estado y no se interprete como la actitud aislada de un ministro del sector.

César Córdova Ponce

Director de la revista La Voz del Pescador

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