Fiscalía pidió detención del gobernador de Áncash, pero juez lo denegó
Creado el Viernes, 26 de Noviembre del 2021 04:00:10 pm | Modificado el 26/11/2021 04:18:27 pm
La Fiscalía Anticorrupción de Huaraz solicitó que el gobernador regional de Áncash, Henry Borja Cruzado, y otras cuatro personas de su entorno, sean detenidas preliminarmente por siete días, en el marco de la investigación que se les sigue por el delito de cohecho pasivo propio. Sin embargo, el juez negó el pedido y solo autorizó el allanamiento de las viviendas de los investigados.
El caso está relacionado a la acusación de la representante legal del Consorcio Jireh, Ziany Paola García Fernández, quien asegura que personas del entorno del gobernador le solicitaron una coima de 300 mil soles a cambio de no anularle el contrato que había firmado con el gobierno regional para ejecutar una obra de 44 millones de soles.
RSD tuvo acceso a las resoluciones judiciales mediante las cuales el juez Rubén Yauri Ramírez, del Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaraz, niega el pedido del fiscal Robert Rojas Ascón.
Formulado el requerimiento, el 18 de noviembre, mediante la resolución número 1, el juez declaró inadmisible el pedido y le dio un plazo de tres días al fiscal para corregir su requerimiento, toda vez que “había inconsistencia” en los delitos materia de investigación (cohecho pasivo propio y tráfico de influencias).
La corrección se efectuó, es así que mediante la resolución 2, del 23 de noviembre, el juez se pronunció sobre el fondo del asunto.
ARGUMENTOS DE LA FISCALÍA
Para la Fiscalía Borja Cruzado debe ser detenido por cuanto ha demostrado que rehúye a la justicia y podría obstaculizar las investigaciones en su contra. Los argumentos para tal acusación es que debió rendir su manifestación en torno al caso el 24 de agosto de este año, pero se acercó y solicitó se le reprograme la diligencia, porque estaba ocupado en temas urgentes de su labor como gobernador.
También se agrega que fue citado para el 10 de setiembre para la diligencia de audición, transcripción de audio, reconocimiento de voz y toma de muestra de voz, pero no acudió y tampoco lo hizo el 24 de setiembre, fecha en que fue vuelto a citar. Asimismo, se indica que el 15 de noviembre se constató que no vivía en la dirección que había consignado.
ARGUMENTOS DEL JUEZ
No obstante, para el juez Rubén Yauri Ramírez esos hechos no son suficientes para deducir peligro de fuga y obstaculización de la justicia, toda vez que el fiscal tenía la opción de notificarlo con apercibimiento expreso de ser conducido compulsivamente en caso de inconcurrencia injustificada a la diligencia, lo cual no se hizo.
Respecto a que se constató que no vive en el domicilio consignado, señaló que “no constituyen per se aspectos que revelen obstaculización de la averiguación de la verdad, máxime si respecto al primer extremo, dicho funcionario (Borja) cuenta con domicilio laboral de público conocimiento (el gobierno regional”.
“La judicatura no advierte cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad en dicho investigado, máxime si como reconoce el despacho fiscal, el 24 de agosto de 2021 acudió a la diligencia par la que fue citado; empero, solicitó la reprogramación”, se lee en la resolución judicial que negó el pedido de detención contra el gobernador regional. (M.E. – RSD Noticias).
