Vía de Evitamiento de Chimbote: juez admite hábeas corpus y programan inspección
Creado el Jueves, 10 de Abril del 2025 02:42:19 pm
El Juzgado Constitucional de Chimbote resolvió admitir a trámite la demanda de hábeas corpus presentada por el abogado Julio Roncal Briceño contra la empresa Autopista del Norte y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), por la presunta vulneración del derecho al libre tránsito ocasionada por la implementación de la Vía de Evitamiento de Chimbote en perjuicio de los residentes de los distritos de Chimbote, Nuevo Chimbote, Santa y Guadalupito.
La resolución n.° 1, emitida el 7 de abril de 2025 por el juez César Miguel Flores Reyes, detalla que el demandante solicita, como medida principal, la suspensión inmediata del cobro del peaje en la Unidad de Peaje Santa, ubicada en el kilómetro 18+500 de la vía, en el sector Campamento de Tangay. La solicitud se basa en la aplicación de la adenda n.° 2 al contrato de concesión de la Red Vial n.° 4 (Pativilca-Santa-Trujillo-Salaverry-Empalme R01N).
Asimismo, se exige que se implementen pasos a desnivel vehiculares, óvalos y otros accesos que permitan conectar adecuadamente los márgenes de las zonas pobladas y agrarias. También se solicita la construcción de vías alternas asfaltadas paralelas a la Vía de Evitamiento para permitir la circulación diaria de vehículos livianos entre los distritos mencionados, en actividades distintas al tránsito pesado.
Según el juez Flores Reyes, los hechos denunciados cumplen con los requisitos constitucionales y procesales establecidos en el artículo 33, inciso 22, del Nuevo Código Procesal Constitucional y en el artículo 200, inciso 1, de la Constitución Política del Perú, por lo que corresponde dar trámite a la demanda.
El juzgado también dispuso la incorporación de la Defensoría del Pueblo de Chimbote en calidad de amicus curiae. Esta figura permite que una entidad especializada emita una opinión jurídica no vinculante sobre aspectos complejos del caso. En este proceso, su participación busca aportar criterios técnicos y jurídicos que orienten al juzgado en la evaluación de los derechos fundamentales en juego. La Defensoría deberá presentar su informe dentro del plazo de 20 días hábiles, bajo responsabilidad funcional en caso de incumplimiento.
Como parte del proceso, se ha programado una diligencia de inspección judicial in situ para el 11 de junio de 2025 a las 10:00 a. m., es decir, dentro de dos meses. El juez precisa en su resolución que se fija la diligencia en esa fecha debido a la excesiva carga procesal, dado que el Juzgado Constitucional es el único órgano de su naturaleza en el Distrito Judicial del Santa.
El juzgado ordenó notificar a Autopista del Norte, al MTC y a su procurador público, a fin de que tomen conocimiento del proceso constitucional iniciado y puedan ejercer su defensa
Asimismo, autorizó la ejecución de otras diligencias necesarias para esclarecer los hechos denunciados. (W.C. – RSD Noticias).
