Contraloría detectó presuntas irregularidades en concurso público de la DREA
Creado el Jueves, 29 de Febrero del 2024 07:26:51 pm | Modificado el 28/03/2025 04:22:43 pm
El Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional de Educación de Áncash (DREA) detectó presuntas irregularidades en un proceso de contratación de personal administrativo bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo n.° 276 llevado a cabo entre diciembre del 2023 y enero del 2024.
Se trata del proceso de selección realizado justamente en la sede administrativa de la DREA, para cubrir cinco plazas, para los cargos de topógrafo, técnico administrativo para Planillas, técnico administrativo para Control Patrimonial y trabajador de servicio. Para este último puesto se puso a concurso público dos vacantes.
La convocatoria se lanzó el 1 de diciembre del 2023.
Según el Informe de Orientación de Oficio N.° 002-2024-OCI/0706-SOO, se han identificado tres situaciones adversas en este proceso de contratación:
1. El Comité de Contratación modificó el cronograma inicial del proceso hasta en tres oportunidades e incluso postergó la evaluación de expedientes de los postulantes, sin el sustento correspondiente.
Otro presunto acto irregular se produjo tras la absolución de reclamos, pues según el informe de orientación de oficio, tras esta etapa, se realizó una nueva evaluación y calificación de expedientes, lo que generó modificaciones de los puntajes en el cuadro final, a pesar de que no se sustentó ni comunicó el motivo de dichas variaciones.
2. El Comité de Contratación habría incumplido con absolver y notificar formalmente la absolución de los reclamos a los postulantes.
El Órgano de Control Institucional advirtió esta presunta irregularidad tras revisar, entre otros, el oficio circular n.° 001 con fecha 3 de enero, donde se da una respuesta general a nueve postulantes que presentaron sus reclamos y pedidos.
Algunos solicitaron la revisión de expedientes debido a que se habían producido disminuciones o incrementos de puntajes y otros pidieron información sobre los motivos que generaron dichas modificaciones. Sin embargo, a pesar de que los requerimientos eran diferentes, el Comité de Contratación, respondió mediante el mencionado oficio, pero sin dar mayor detalle de cada caso.
En ese sentido, se advierte que el comité no cumplió con efectuar la absolución a los reclamos presentados de acuerdo a los dispuesto a la normativa.
3. De la revisión de los expedientes presentados, así como del resultado de la evaluación de denuncias presentadas, el Órgano de Control Institucional también detectó que algunos postulantes presentaron documentos presuntamente no auténticos. Tal sería el caso de Raúl Eduardo Solórzano Rondón, quien habría presentado una constancia de haber realizado servicio militar obligatorio.
Con este documento, el Comité de Contratación le asignó el 10 % del puntaje total, con cuya bonificación logró obtener una mayor calificación y adjudicarse en una plaza como trabajador de servicios. La comisión de control advierte que, al hacerse la consulta correspondiente en la Oficina de Registro Militar de Huaraz, el sistema de Ejército arrojó que Solórzano Rondón no habría realizado el servicio militar. Lo mismo se advirtió en el caso de los postulantes Lujerio Macedo Marcial y Mila Soria Luber Saul.
El Órgano de Control Institucional señala que esta situación debió ser evaluada por la Oficina de Personal como parte de la fiscalización posterior.
Por otro lado, se descubrió en la revisión de certificados y/o constancias de trabajo presentados, que los periodos de certificación no tendrían correspondencia con el inicio de operaciones de las empresas en que supuestamente laboraron dos postulantes.
En vista de que estas presuntas irregularidades podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado y los objetivos del mismo, el 5 de febrero pasado, Órgano de Control Institucional remitió el informe que contiene las situaciones adversas identificadas a la titular de la DREA, Nancy Dolores Anaya, para que se adopten las acciones preventivas y correctivas. Asimismo, se le dio un plazo máximo de 5 días hábiles para que comunique las acciones adoptadas, no obstante, el plazo ya venció, y hasta el cierre de esta nota, la funcionaria habría hecho caso omiso. (C.I. – RSD Noticias).
