Creado el Miércoles, 10 de Febrero del 2016 11:33:52 pm

La presentación se realizó en el Centro de Convenciones Uladech Católica, ante un auditorio colmado de asistentes y con la presencia de autoridades como el congresista Modesto Julca Jara, el gobernador Waldo Ríos Salcedo, la presidenta de la Junta de Fiscales del Santa Nancy Moreno Rivera, el procurador anticorrupción del Santa Richard Asmat Urcia, la ex procuradora Yeni Vilcatoma, entre otros.

Guevara Amasifuén, titular de la fenecida Comisión Áncash, sustentó que en esta región se tejieron dos redes: una de corrupción, manejada por Álvarez Aguilar, y otra de impunidad, que sostuvo a la primera y en la que hubo participación activa de malos magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, así como de miembros de la Policía Nacional.

El parlamentario recordó que el documento, de más de 1.237 páginas, recomienda que se denuncie a los exfiscales de la Nación José Peláez Bardales y Carlos Ramos Heredia, y que el Ministerio Público investigue por diversos ilícitos a César Álvarez, a funcionarios regionales y a Martín Belaunde Lossio.

Además, que se declare en proceso de reorganización y evaluación funcional a jueces, fiscales y personal administrativo de los Distritos Judiciales y Fiscales del Santa y Áncash.

Según el informe, la red de corrupción de Álvarez habría manipulado 1.400 millones de soles del erario público y cobrado sobornos por 748 millones de soles.

La Comisión Áncash analizó 50 proyectos de inversión y encontró que existen razones para suponer una presunta responsabilidad penal por parte de los funcionarios del gobierno regional y de particulares, quienes habrían cometido los delitos de malversación de fondos y colusión ilegal.

Determinó también que los convenios firmados entre el gobierno regional y la OEI, bajo la apariencia de internacionales, ocasionaron que más de mil millones de soles no sean sometidos al control del Estado, sirviendo así este convenio como un mecanismo de ocultamiento de licitaciones irregulares, coimas e impunidad.

Asimismo, determinó que las entidades recibieron cartas fianza de cooperativas no autorizadas por la SBS, siendo esta una modalidad más de corrupción para proveerse de dinero ilícito.

“La Centralita” fue el centro de operaciones de la presunta organización criminal liderada por Álvarez, quien formó una red de medios de comunicación y periodistas para atacar a sus “opositores”, desinformar sobre las denuncias en su contra, encubrir actos de corrupción y dar realce a las obras de su gestión para seguir en el poder.

El Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría General de la República y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) no realizaron un control oportuno al gasto de los recursos en Áncash.

Todos los hechos analizados por la comisión pusieron en evidencian que en el gobierno regional habría existido un concurso de varios delitos cometidos por una organización criminal, con jerarquías determinadas, que dispuso, entre otros, la eliminación de personas opositoras.

“Es tiempo de que pensemos en cómo hacer que el manejo de la cosa pública se realice de manera objetiva y precisa. La política en su esencia es el arte de gobernar y servir. Y la política que se hace a través del estómago, es politiquería, es humillar a nuestro prójimo”, reflexionó Guevara Amasifuén al término de su exposición. (RSD Noticias).

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