Áncash: 5 exfuncionarios y exservidores del gobierno regional no serán sancionados por prescripción de plazo
Creado el Lunes, 21 de Abril del 2025 06:08:33 pm
Cinco exfuncionarios y exservidores del Gobierno Regional de Áncash (GRA) que —entre julio de 2017 y diciembre de 2018, durante la gestión al ahora fallecido exgobernador Luis Gamarra Alor— cometieron presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones no serán sancionados porque el plazo para que se les inicie proceso administrativo disciplinario ha prescrito.
De acuerdo con el Informe de Auditoría 040-2022-2-5332-AC, del Órgano de Control Institucional (OCI) del gobierno regional, de fecha 23 de diciembre de 2022, Héctor Falcón Jara (actual gerente de Obras de la Municipalidad Provincial del Santa), Daniel Franco Flores, Jorge Espinoza Castromonte, Henry Molina Mendoza y José Chinchay Morales fueron encontrados responsables de irregularidades administrativas.
En detalle, se determinó que convocaron a proceso de selección para ejecución de la obra de mejoramiento y ampliación del Centro Temático Cultural Recuay sin contar con la disponibilidad total del terreno; otorgaron la buena pro al Consorcio Santa Teresa, aunque no cumplía con los requisitos de del concurso; iniciaron la ejecución de la obra en una zona de alto riesgo, y pagaron por trabajos no ejecutados, lo que generó un perjuicio económico de 6.2 millones de soles.
El 30 de enero de 2023, el OCI remitió al gobernador regional actual Koki Noriega Brito el informe de auditoría, en el que se recomienda abrir proceso administrativo disciplinario contra los exfuncionarios y exservidores antes mencionados.
En los siguientes días, el informe transitó por varias dependencias, hasta que el 14 de febrero de 2023 llegó a la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario.
Poco más de un año después, el 24 de febrero, mediante la Resolución Gerencial General 118-2025-GRA/GGR, el gerente general del gobierno regional, Marco la Rosa Sánchez Paredes, ha declarado prescrito de oficio la acción administrativa, por vencimiento de plazo.
¿Por qué ya no se puede sancionar?
De acuerdo con la legislación peruana, el plazo para el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario es de tres años contados desde que se cometió la falta o de un año desde que Recursos Humanos tomó conocimiento del mismo.
La resolución del gerente general explica que, teniendo en cuenta que las presuntas faltas se cometieron entre julio de 2017 y febrero de 2018, la posibilidad de iniciar proceso administrativo prescribió entre agosto de 2021 y junio de 2022. (Se contabiliza algunos meses más, por la suspensión de plazo de los procedimientos por la pandemia de la covid 19).
Es decir, cuando el informe de auditoría llegó a manos del gobierno regional, en enero de 2023, este ya no tenía posibilidad de iniciar ningún proceso administrativo.
“Al comprobarse que han transcurrido más de tres años desde la comisión de los hechos denunciados, se concluye que resulta jurídicamente imposible que esta entidad pueda ejercer la potestad disciplinaria respectos a los hechos expuestos”, se lee en la resolución. (M.E. – RSD Noticias).
