ANÁLISIS. ¿Áncash debe ser declarada en estado de emergencia por inseguridad ciudadana?
Creado el Lunes, 27 de Mayo del 2013 07:27:03 pm
Solo en Casma, desde el crimen del alcalde provincial José Montalván Macedo, ocurrido el 9 de diciembre del año pasado, 10 asesinatos han teñido de sangre esa ciudad. De ellos, exceptuando este último crimen del comerciante Alberto Coveñas, cuyos asesinos han sido atrapados y aparentemente ya se ha identificado a la cuñada como autora intelectual, ninguno ha sido resuelto, lo que acrecienta el clima de impunidad.
Pero lo de Casma se vive también desde hace tiempo en Chimbote y Nuevo Chimbote. Y las estadísticas policiales no mienten. Desde hace tres años, los crímenes (por diferentes móviles) se han ido incrementando de manera preocupante, sin que la policía pueda evitarlo y sin que una serie de instituciones competentes en materia de seguridad ciudadana hagan algo.
En el 2011 hubo 45 asesinatos; en el 2012, 47, y este año, ya van 30. A este paso podríamos terminar el año batiendo un récord… de muerte.
En este contexto, al igual que el año pasado cuando las cifras nos salpicaban con sangre, nuevamente se pide una declaratoria del estado de emergencia en Áncash como si fuera la panacea a este grave problema que las autoridades no son capaces de atender.
El presidente regional César Álvarez ha insistido en que, ante el incremento delincuencial, se hace necesaria la declaratoria de emergencia del departamento de Áncash para posibilitar que las Fuerzas Armadas resguarden las calles. Este lunes (hoy) se reunirá con el presidente Ollanta Humala y le planteará el pedido.
Escuche las declaraciones del presidente regional César Álvarez:
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Es cierto que la situación de inseguridad ciudadana es grave, gravísima, pero ¿acaso nos hemos detenido a pensar cuál es la causa? ¿Existe un diagnóstico serio que ayude a tomar las medidas pertinentes? ¿Una situación excepcional como el estado de emergencia atacará las causas del problema?
Hay que recordar que el Estado de emergencia lo decreta el presidente de la República con acuerdo del Consejo de Ministros y se da en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación. En esa eventualidad, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito. En estado de emergencia, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno.
Otro aspecto que debemos puntualizar es que el Estado de Emergencia es una vía excepcional para hacer frente a situaciones imprevistas. Sin embargo, ¿el problema de la inseguridad ciudadana es coyuntural, excepcional?
El presidente regional defiende el estado de emergencia en Áncash como una medida necesaria. Pero no es la única autoridad. También el gobernador encargado de la provincia del Santa, Zenobio Adrián Gallego, apoya esta medida.
Escuche las declaraciones del gobernador del Santa Zenobio Adrián Gallego:
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¿No será acaso que las autoridades no están haciendo su trabajo y por eso se les ocurre plantear la declaratoria del estado de emergencia como una salida fácil para esconder su inacción e incompetencia? Los crímenes ocurren y la policía no ha sido capaz de resolverlos y mucho menos atrapar a los asesinos. En otros casos, hay varios crímenes cuyos presuntos asesinos han sido identificados, pero siguen libres en las calles. El Ministerio Público es cuestionado porque aparentemente apaña la corrupción y, sobre el problema de la inseguridad, ha sido noticia varias veces por liberar a presuntos delincuentes atrapados por la policía. El Poder Judicial, lamentablemente, tampoco es una garantía para los ciudadanos.
Desde la Municipalidad Provincial del Santa, el alcalde debería liderar el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, pero no tiene condiciones de líder, y ni siquiera voluntad. Hay que recordar que él mismo ha sido sindicado en algún momento como presunto autor intelectual de un atentado criminal. Es decir, tiene ‘rabo de paja’.
Entonces, volvemos a preguntar: ¿estado de emergencia, o exigir a las autoridades que hagan su trabajo?
Recordemos que, por ejemplo, el año pasado el GRA dotó a la Policía Nacional de nuevas camionetas, motocicletas y equipos de comunicación para la lucha contra la delincuencia. ¿Qué resultado ha dado ello? ¿Esa millonaria adquisición de vehículos fue parte de un plan estratégico regional de seguridad ciudadana, o solo una compra y punto, y encima con cuestionamientos de presunta sobrevaluación?
A propósito del anuncio de Álvarez de pedir al presidente Humala que Áncash sea declarada en emergencia por la inseguridad, un sondeo en las calles arroja opiniones encontradas.
Escuche las opiniones de los ciudadanos de Chimbote:
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Sin embargo, pareciera que la mayoría respalda una medida radical como el estado de emergencia, lo cual podría ser aprovechado por ciertas autoridades para plantearlo como la panacea, cuando en el fondo saben que es una medida populista que no va a solucionar el problema.
Pero hay algo más que nos preocupa. En la eventualidad de que se declarara la emergencia en Áncash, ¿las autoridades que lo proponen tienen claro para qué? Planteamos esta inquietud debido a las declaraciones que ha dado el secretario técnico del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec), Agustín Ledezma Aguirre, y que pondrían en evidencia el propósito real de esta petición: que el GRA y los municipios puedan realizar compras sin los controles que ponen las normas de contrataciones del Estado. ¿Será acaso esa la madre del cordero?
Escuche las declaraciones del secretario técnico del Coprosec, Agustín Ledezma:
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¿Comprar sin retrasos y sin los controles del Estado? Es importante analizar lo que ocurre en todo su contexto. No veamos solo un hecho. Veamos el conjunto de hecho, y asociemos. El problema de inseguridad ciudadana creciente en Chimbote, Nuevo Chimbote y Casma (Áncash en general) data de hace algunos años. O sea, no es nuevo. Entonces, si de compras se trata, ¿por qué los procedimientos no se iniciaron antes, cumpliendo todos los mecanismos legales, sin necesidad de una declaratoria de emergencia?
El abogado Víctor Mendoza Barrantes, director de la Comisión de Justicia Social de la Diócesis de Chimbote, analizó el tema en cuestión.
Escuche las declaraciones del director de la CJS Víctor Mendoza:
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Entendemos la gravedad de los problemas relacionados con la inseguridad ciudadana y, así como ustedes, creemos que deben ser resueltos con prontitud. Sin embargo, las soluciones que buscamos tienen estar fundadas en una política integral que controle el delito y también que lo prevenga. Los operadores de justicia deben comprometerse a desarrollar un plan integral, un plan de trabajo que apunte al mismo objetivo. Es su obligación. (RSD Noticias).