Cuba: juicios sumarios dejan “indefensos” a detenidos en protestas
Creado el Sábado, 31 de Julio del 2021 04:23:37 pm
El sacerdote cubano Eduardo Llorens, de la Arquidiócesis de San Cristóbal de La Habana, compartió su testimonio como uno de los miembros del clero que acompaña a los cientos de detenidos tras las históricas protestas del 11 de julio contra el régimen comunista de Cuba.
El P. Eduardo Llorens, de 57 años, fue ordenado sacerdote hace 18 años y pertenece a la Compañía de Jesús desde hace 26 años. Actualmente colabora en la parroquia San Miguel del Padrón en La Habana, es coordinador de la Colaboración para la Misión y dirige la Oficina de Espiritualidad Ignaciana, el Centro de Espiritualidad Padre Arrupe y el Apostolado de la Oración en Cuba.
En una entrevista concedida a ACI Prensa, el jesuita y abogado de profesión explicó que, tras las masivas protestas del 11 de julio en contra del régimen de Miguel Díaz-Canel, se continúan realizando juicios sumarios en Cuba, los cuales son legales y están “contemplados en la Ley de Procedimiento Penal”, pero “dejan al acusado en una situación de indefensión”.
“El abogado se puede personar y ver el expediente unos momentos antes del juicio, si los familiares logran reunir el dinero y encuentran un abogado que quiera defender el caso. Es prácticamente imposible que la defensa pueda en tan poco tiempo buscar otras pruebas que exculpen a su defendido. Los testigos son el instructor del caso (el que realiza la investigación) y los policías que llevaron a cabo la detención, y muchos de estos últimos no recuerdan la cara de los acusados, pues manifiestan que detuvieron a muchas personas”, explicó.
Asimismo, dijo que “si a lo anterior sumamos que el discurso oficial en la prensa única existente, la del gobierno, todo el tiempo es la aplicación del ‘peso de la ley’ el resultado son las sanciones máximas de privación de libertad para delitos que, de ser probados, admiten multas”.
El P. Llorens es también miembro actual del servicio de acompañamiento de la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas (CONCUR), el cual se enfoca en el asesoramiento para la presentación de recursos de Habeas Corpus, la ayuda para la localización de detenidos, orientación en cuanto a los datos que deben de averiguar y el acompañamiento espiritual/psicológico a familiares tras los acontecimientos del 11 de julio.
Díaz-Canel, presidente de Cuba, llamó a los simpatizantes del régimen a responder con violencia a los manifestantes que reclamaban libertad, cambios tras meses de escasez de alimentos, medicinas y el colapso de los hospitales por la pandemia de coronavirus.
Organismos de derechos humanos aseguran que se han realizado cientos de detenciones injustificadas a manos de las autoridades.
La prensa internacional informó que 12 cubanos arrestados en las protestas recibieron el miércoles 21 de julio condenas de 10 meses a un año de prisión tras un juicio sumario en el que la mayoría no contó con un abogado.
El 24 de julio la BBC informó que la adolescente cubana de 17 años, Gabriela Zequeira, había sido condenada, junto a otras 11 acusadas, a ocho meses de prisión en uno de los juicios sumarios tras haber sido declarada culpable por “desorden público”.
Según el P. Llorens las cifras exactas de las detenciones no han sido informadas por el gobierno, pero organizaciones independientes mencionan unos 700 o incluso 1.000 detenidos.
“Lo cierto es que fueron muchos detenidos. Algunos están en sus casas con prisión domiciliaria a la espera de juicio, otros bajo fianza y una gran mayoría en prisión provisional a la espera de juicios”, comentó el jesuita.
Además, recordó que la semana pasada aproximadamente “a unas 50 personas les hicieron juicios”, y de estos, “algunos por la presión internacional y luego de haber apelado al Tribunal Provincial, han sido puestos en prisión domiciliaria a la espera de juicio de apelación, estos han sido sobre todo casos muy mediáticos o conocidos”.
“Si a todo lo anterior sumamos lo enrevesado de las leyes cubanas (sobre todo la de procedimiento penal) la falta de cultura jurídica en la población cubana y el desconocimiento de la inmensa mayoría de las familias de los detenidos de los procesos penales, el resultado final es un cóctel de desconocimiento jurídico, del cual se aprovechan las autoridades”, lamentó el presbítero.
El jesuita también alertó que “en el momento actual, en que la pandemia en Cuba tiene cifras que son de las peores del mundo, muchos de los detenidos si no tienen COVID pueden adquirirlo por la falta de higiene y hacinamiento en los centros de detención, que se encuentran abarrotados de personas”.
Fuente: ACI Prensa
Foto: Voz Pópuli
