EDITORIAL RSD | Invasiones, corralones, tráfico de tierras… y títulos de propiedad
Creado el Domingo, 4 de Julio del 2021 12:20:14 pm
Cuando César Álvarez gobernaba Áncash por primera vez y pretendía la reelección allá por el año 2010, centenares de personas comenzaron a invadir en masa tierras intangibles del Proyecto Especial Chinecas. Alegaban pobreza económica y necesidad de vivienda, pero eran esas mismas personas las que luego salían a marchar a las calles a respaldar al gobernante regional de turno cada vez que este necesitaba demostrar que su gestión gozaba de respaldo popular.
Se instalaron decenas de rancherías, primero en una extensión aproximada de 308 hectáreas y, más tarde, cuando la situación era incontrolable, en 217 hectáreas más. Ni el propio Álvarez pudo pararlo cuando vio que se le había pasado la mano. Un día llegó hasta el lugar conocido hoy como “Cerro partido” y, extendiendo la diestra en dirección al sur, les dijo a los invasores que ya no avanzaran hacia ese lado. Pero las invasiones continuaron.
No solo militantes o simpatizantes de “Cuenta Conmigo”, también familias completas ajenas a ese movimiento político, gente foránea, trabajadores de entidades públicas, profesionales, policías y hasta empresarios se apropiaron de las tierras de un proyecto irrigador que hasta hoy solo ha sido “caballito de batalla” de políticos aventureros. Mucha de esa gente que invadió no uno sino varios lotes, en realidad no vive allí; mucha de esa gente construyó inmensos corralones que luego cercó con material noble, lo que revelaba una condición económica alejada de la precariedad. Fue un toma y daca pernicioso de la gestión de Álvarez por el que nadie ha pagado culpas y cuyas consecuencias se sufren hasta hoy. Fue el caldo de cultivo del tráfico de tierras y del sicariato en su peor momento. Hasta organizaciones criminales se conformaron y desarticularon.
En fin, más allá de que los hechos están consumados, es importante no olvidar todo lo acontecido en la década pasada para poner en contexto lo que próximamente ocurrirá: la formalización de miles de invasores llamados hoy “posesionarios”.
Hay en este momento una situación tirante entre el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) y la Municipalidad Provincial del Santa (MPS). La ley 31056, promovida el año pasado por el congresista Betto Barrionuevo, dio facultades exclusivas a Cofopri para llevar adelante el proceso de formalización, en tanto que a la MPS le corresponde expedir el título de propiedad en la fase última del proceso.
La semana pasada, durante una visita a los pueblos del sur, el director ejecutivo de Cofopri, Saúl Barrera Ayala, reveló que en enero de este año la MPS había pedido formalmente a Cofopri declinar de su competencia, pero no accedió. Lo cierto, sin embargo, es que la MPS ha continuado desarrollando actividades tendientes a la formalización de las invasiones.
Este es un asunto que debe zanjarse lo antes posible para evitar cualquier aprovechamiento político. Y otro asunto importante es que el proceso de formalización garantice que solo serán tituladas aquellas familias que realmente vivan en sus lotes y que, adicionalmente, demuestren necesidad de vivienda. Solo de esa forma se garantizará que lo que comenzó como un toma y daca pernicioso no acabe de la peor forma, es decir, beneficiando a quienes no corresponde.
Radio Santo Domingo – RSD
