LA COLUMNA DEL DÍA | Reconversión agraria: oportunidad de diversificación productiva regional
Creado el Jueves, 5 de Marzo del 2020 10:56:03 am
Altísimo porcentaje de la población estuvo de acuerdo con el cierre del Congreso. Tal vez si miramos objetivamente el tema, al margen de los escándalos y manejo político del Legislativo, la verdad es que tenemos y/o existen normas para todos los gustos y que el mayor problema es su cumplimiento en función de derecho, legitimidad, criterio, oportunidad, voluntad política, pragmatismo y presupuesto.
En artículos precedentes se tocó el tema de la imperiosa necesidad de cambiar la estructura del gasto público de cara al incremento del presupuesto de inversiones que creen infraestructura productiva básica que invite a la inversión privada.
Un sector que en Áncash no está siendo explotado adecuadamente, y considero que uno de los dos sectores claves en el desarrollo económico y social del departamento es el agroindustrial.
Lo cierto es que existe normatividad vigente con cuya aplicación podríamos reorientar el aparato productivo hacia la agroindustria, así tenemos por ejemplo el novel Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), que en su numeral V Especialización y Diversificación Productiva para la Competitividad sostiene: “Conforme un país se desarrolla económicamente es más diversificado en términos de producción y asignación de recursos. La diversificación y transformación estructural de una economía genera un mayor grado de resiliencia frente a shocks exógenos y le permite sostener un crecimiento económico robusto en el largo plazo”. Nótese aquí que ya existe una clara direccionalidad a la adecuada asignación presupuestal como un mecanismo de diversificación.
El mismo PNCP, en su medida de política 4.3., sostiene: “En la actualidad, el alcance y penetración del sistema financiero en las unidades productivas agropecuarias es escasa, lo cual limita los niveles de productividad de sus tierras de cultivo y de la actividad ganadera. De acuerdo con datos del IV Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO), solo el 8% de productores agropecuarios tienen acceso al crédito en el sistema financiero formal. Asimismo, el 91% de estos productores manifiesta que no solicita créditos, entre otras razones, por los altos intereses y la ausencia de garantías.” Siendo justos con el análisis, habría que agregar por qué gran parte de ellos no son sujetos de crédito, ya sea por los altísimos porcentajes de morosidad o el alto riesgo del sector. La medida de política plantea la implementación y puesta en marcha del Fondo para la Inclusión Financiera del Pequeño Productor Agropecuario con un fondo inicial de 100 millones de soles.
Siendo este plan el marco normativo, existe otra norma mucho más específica que considero no está tomándose en cuenta y que debería implementarse prioritariamente con asignación porcentual del presupuesto de inversiones, tanto de la región como de los gobiernos locales, y esta norma es la Ley Nº 29736 de la Reconversión Productiva Agropecuaria, que fue promulgada por insistencia en las postrimerías del gobierno de Alan García.
Ya hemos explicado cómo nuestras variables macroeconómicas regionales en la última década han sido mayoritariamente positivas, sin embargo, no se percibe desarrollo porque sencillamente dependemos de la minería, que es un sector primario exportador muy vulnerable a los shocks externos
El análisis previo a la ley indica que “el contexto de la economía internacional ha ampliado la brecha que separa la agricultura tradicional de la llamada agricultura moderna, obligando a los Estados a la adopción de medidas para que esa brecha sea cada vez menor”.
Si bien es cierto el PBI agropecuario ha crecido en los últimos años sostenidamente, con balanzas comerciales agropecuarias superavitarias, la revisión simple de esas cifras ha ocasionado análisis erróneos sobre el crecimiento y real situación del sector agropecuario nacional, dado que en dicho crecimiento existe un alto componente de la agroexportación, mientras que la agricultura tradicional representado por más de 1 millón 700 agricultores, sigue afrontando sus problemas también tradicionales y requiere urgentemente alcanzar niveles competitivos no solo para enfrentar la influencia comercial externa, sino para insertarse con éxito en los mercados nacionales e internacionales.
La situación impone desarrollar estrategias que permitan minimizar los efectos nocivos de la apertura comercial y el óptimo acceso a los beneficios que genera; en suma, sostiene la defensa de la agricultura nacional, la eficiencia y competitividad de nuestros agricultores, el acceso a nuevos mercados y consolidación de los existentes, lo cual pasa por impulsar y aplicar un proceso de reconversión productiva agrícola integral y concertado entre gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos locales y el sector privado, pues la adecuación de la infraestructura productiva a los cultivos modernos requiere de financiamiento con aporte tanto del sector público como privado. Como podemos apreciar, nuevamente llegamos a un tema presupuestario.
En ese contexto se aprobó una ley cuyo objeto era declarar de interés nacional y de carácter prioritario la reconversión productiva agropecuaria.
La reconversión no es más que un proceso de adaptación que debe ejecutarse en el sector agropecuario a las nuevas condiciones generadas por el proceso de apertura comercial, consistente en la transformación voluntaria hacia una producción diferente a la actual, a través de la innovación tecnológica en todos los procesos de la cadena productiva.
La ley tiene como objetivos centrales promover el desarrollo del sector en forma sostenible y rentable, mejorar e incrementar la producción, la productividad y la competitividad agropecuaria sobre la base de potencialidades productivas y ventajas comparativas de las distintas regiones del país. Así mismo, optimizar las actividades de comercialización interna y externa y promover la seguridad alimentaria.
Nuestra agricultura tradicional en la región tiene que ver con la producción de productos no rentables tanto en la sierra con el trigo, como en la costa con el arroz, maíz, caña de azúcar, etc. Por lo tanto, la reconversión productiva a la que apunta el artículo es a cambiar esos productos por otros de mayor productividad, rentabilidad, industrialización y exportación, así podríamos nombrar algunos como arándanos, pecanas, paltas, quinua, tarwi, kiwicha, etc.
Los componentes con los que cuenta esta ley para el cumplimiento de su objetivo central son a) Inversión, expresado en financiamiento o cofinanciamiento, provisión y abastecimiento de semillas, fertilizantes, maquinaria, crédito agropecuario, instalación de plantas agroindustriales, b) Tecnología, expresado en aplicación de procesos tecnológicos, cambio de sistemas de riego, asistencia técnica y acceso a los programas de sanidad e inocuidad alimentaria, y c) Comercialización, expresado en dotación de información actualizada sobre precios y mercado, adquisición de los productos por entidades públicas y acompañamiento en la comercialización tanto nacional como internacional.
Pese a que esta ley ha pasado desapercibida para analistas y beneficiarios, es importante precisar que es imperativo que a nivel de gobierno regional y gobiernos locales se tome en cuenta la magnitud de la norma para reestructurar nuestro aparato productivo redireccionando sus componentes de inversión a este sector. Pero también es imperativo que el pequeño agricultor –siempre reacio al cambio y predispuesto a conservar los cultivos tradicionales– sea, desde el componente de inversión, capacitado como desarrollo del capital humano para generar una nueva economía agroexportadora con mecanismos de financiamiento y garantía adecuada.
De cumplirse tales objetivos, a no dudarlo, la estructura productiva de la región cambiaría radicalmente. Tenemos la oportunidad de dejar de ser monodependientes de la minería. La pelota no solo está en la cancha del gobierno regional y local, también en los inversionistas privados, en los beneficiarios y sus organizaciones.
* Yuri Vivar Miranda es economista, catedrático universitario, especialista en gestión pública.
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