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LA COLUMNA DEL DÍA | Latinoamérica: Covid y DDHH

Una persona que comete un crimen pierde su dignidad moral, pero no humana. Las crisis debilitan a la democracia y pueden dejar de lado a los derechos humanos, reflexiona el ingeniero Diego Mendoza Franco

Ayer recordé el fallecimiento de Ernesto Sábato. El escritor argentino siempre caracterizado por su pluma sagaz y limpia, nos ilustra con algo que había dicho mucho tiempo atrás: “Al parecer, la dignidad de la vida humana no estaba prevista en el plan de la globalización”. Esta cita hoy cobra el valor que solo tienen las cosas cuando importan de verdad. No solo porque la sustancia del ser humano haya menguado por años, sino también porque la circunstancia actual la pone en el primer lugar de cualquier iniciativa gubernamental e intergubernamental.

Una crisis puede propiciar un nuevo inicio, pero también varios retos. De los diversos aprietos que nos mantienen alertas, ninguno como el que sospecha la dignidad humana. Así pues, el a veces precario Estado de Derecho que institucionaliza el espíritu latinoamericano, necesitará de propuestas integrales formuladas mediante políticas públicas que funcionen trasversalmente respetando los derechos humanos (en ocasiones olvidados, omitidos o sencillamente abstraídos).

Examinemos los casos de Brasil, Perú y El Salvador. De Bolsonaro se sabe lo que siempre ha calificado a su gobierno: una alta dosis de populismo, una ausencia de humanidad y una falta de sentido común. La minimización por los derechos humanos ha llegado a su punto más álgido cuando no reconoce el impacto del covid-19 en su país, se desentiende de sus obligaciones como máximo representante del Estado y, peor aún, cuando se abstiene de intervenir en el asunto. Este ánimo conduciría hasta un probable escenario de impeachment, dada la situación de ingobernabilidad. 

Aunque con sus distancias, el Perú no ha sido ajeno a críticas. Esto debido al trato que vienen recibiendo los distintos presos en las cárceles. Aun cuando el presidente Vizcarra haya dejado claro que no cederán libertad a quienes hayan cometido crímenes mayores y sí a otros delitos menores, recordemos que esta práctica ya se lleva en otros países como Estados Unidos, Argentina, Ecuador y Afganistán, bajo un mismo entendimiento donde se debe despoblar el universo penitenciario con el objetivo de mitigar los efectos del virus.

Es inevitable no dejar de lado el desempeño del gobierno peruano respecto al nivel de propagación y posterior contagio/muertes en los centros penitenciarios. La falta de protocolos, la ausencia de equipos de protección, así como el total abandono por parte del Estado, solo han socavado en una herida cuyo origen tiene lugar varios años atrás. Esto significará en el futuro, responsabilidad internacional del Estado peruano por no haber respetado los principios que exige el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

Una persona que comete un crimen pierde su dignidad moral, pero no humana. Esta siempre vivirá, es su esencia.

Por su parte, el presidente Bukele de El Salvador ha tomado, entre tantas, tres medidas que le han merecido la crítica de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelete. La primera de ellas está relacionada con el Anteproyecto de Ley de Justicia Transicional, el mismo que tiene por objetivo otorgar aministías de facto para quienes de manera material e intelectual participaron durante el conflicto armado durante 1980 y 1992. En segundo lugar, por impulsar un encarcelamiento draconiano, es decir muy severo, para todo aquel que incumpla las condiciones de la cuarentena, violando los límites que permite el derecho internacional, en tanto se comprenda que las medidas deben ser necesarias y proporcionales; así se desvirtúan los derechos fundamentales al punto de tener registro que la población salvadoreña ha sufrido maltratos y detenciones arbitrarias. 

Por último, la gestión que ha tenido respecto a los centros penitenciarios ha sido el foco de una acentuada crítica. Como se sabe, por órdenes presidenciales se ha dispuesto reunir a todos los presos aumentando dos cosas: por un lado, el nivel de contagio del covid-19 y, además, el riesgo producto de los enfrentamientos debido a que algunos reclusos pertenecen a grupos pandilleros eternamente enfrentados, incrementando la posibilidad de contar con desenlaces fatales. 

Las crisis debilitan a la democracia y pueden dejar de lado a los derechos humanos. 

*Diego Mendoza Franco es ingeniero industrial, egresado del Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública de la PUCP y el CAF, coordinador del Círculo de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos Aleph, promotor de los ODS por el Senado de Buenos Aires, Parlamentario Joven Nacional y activista social.

Escuche la versión radial de la columna: