LA COLUMNA DEL DÍA | Jugando con fuego
Creado el Lunes, 12 de Julio del 2021 09:47:54 am
Nuestro Perú se ha convertido en una caja de pandora. Cuando pensaba que la polarización política debía amainar y que toda la atención estaría sobre el proceso de transferencia que nos llevaría a exigir precisiones al virtual presidente electo, surgieron dos nuevas y delicadas situaciones, que afectan los cimientos de nuestra democracia y el ejercicio de nuestras libertades.
La jueza suplente Amparo Blácido, en controvertido ejercicio de su suplencia y en tiempo récord, declaró la admisibilidad a trámite de una demanda de amparo y una medida cautelar para paralizar la elección de magistrados del TC (Tribunal Constitucional) a cargo del Congreso, en favor del abogado Walter Ayala (sí, el mismo que promovió una medida similar contra el Colegio de Abogados de Lima, que tuvo como consecuencia práctica la falta de designación del quinto miembro del JNE), y que es asiduo visitante de Pedro Castillo, en su oficina de Breña.
Según la propia resolución, la acción de amparo fue presentado el 1 de julio, ampliada por el propio Ayala el 4 de julio, y notificada la resolución el 6 de julio a las 15:14 horas. En la práctica, la jueza resolvió el recurso en poco más de 24 horas, toda una virtuosa de la administración de justicia, si no fuera por la inmensa suspicacia que genera el hecho, pues en el Distrito Judicial de Lima, entre la interposición de una acción de amparo, la admisibilidad y el otorgamiento de una medida cautelar, transcurren por lo menos tres meses y hasta seis meses.
Tres fueron los argumentos para solicitar el recurso y solo fue amparada una presunta “falta” de exigencia de publicidad, transparencia y motivación de la Comisión. Lo más curioso, es que, el recurso se fundamenta en argumentos subjetivos como el bajo nivel de aprobación del Congreso, la consecuente falta legitimidad de las bancadas, las consultas a su posición jurídica respecto a la disolución del Congreso y la cuestión de confianza (lo que a mi entender, es más bien necesario, porque el TC es el garante de la constitucionalidad) o el presunto interés sobre la Sunedu por parte de algunos congresistas.
Nuestro estado constitucional de derecho se organiza según el principio de separación de poderes, conforme el art. 43 de la Carta Magna. Por ello, no todo es revisable por un Juez, pues existen facultades exclusivas y excluyentes de cada poder del Estado. La aberración consumada por la jueza Blácido, equivale a absurdos como que el Congreso emita una Ley para anular la sentencia de Cerrón, o que el presidente Sagasti elija a los miembros del TC.
Sin embargo, toda aberración jurisdiccional debe dejarse sin efecto en el mismo poder del Estado, por eso la Procuraduría del Congreso debió apelar inmediatamente esta decisión para que la Sala Constitucional deje sin efecto semejante tropelía y la Subcomisión de Constitución del Congreso, antes de retomar la elección, debió emitir un informe amparado el Art. 46, último párrafo y los Arts. 51, 103 y 138 de la Constitución, y continuar con la elección.
Esta medida trajo a mi memoria los peores recuerdos del accionar del fujimontesinismo en los 90s, solo que ahora el abuso viene de la izquierda caviar, que curiosamente en aquella época estuvo en primera fila denunciando dichos abusos. El interés subalterno sería mantener la actual composición del TC con mandato vencido hace dos años, que es muy cercana a la izquierda caviar y al gobierno que viene.
Finalmente, y no menos preocupante, es el reclamo que ha presentado Pedro Castillo con su abogado Julián Palacín, ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones contra el Canal Willax TV y el periodista Beto Ortiz. La esencia de este reclamo y cualquier otro en el mismo tono afecta el ejercicio de la libertad de expresión, más allá de lo incómodo que resulte el accionar de los medios de prensa para algunos políticos, esa es precisamente su labor, exponer todos los ángulos del poder, incluyendo los más incómodos.
Es triste ver como vapulean a la democracia, rebasando de modo tan repetido sus límites. Por ello, es importante defender la constitucionalidad y la libertad en todas sus expresiones porque si no lo hacemos hoy, mañana puede ser muy tarde.
* Pablo Rioja Cueva es abogado especialista en derecho constitucional y administrativo, árbitro en contrataciones con el Estado y laboral. Tiene amplia experiencia en gestión pública y docencia universitaria. Fue regidor en la Municipalidad Provincial del Santa.
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