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LA COLUMNA DEL DÍA | El Salvador y su hora cero

Ningún motivo justifica el uso de la fuerza y ninguna razón debería suponer la transgresión al orden democrático, especialmente en países cuya pronta experiencia tiene el rostro de la dictadura, señala el ingeniero Diego Mendoza Franco

El Salvador es un pequeño país de América Central cuya población excede a duras penas los 7.3 millones de habitantes, visto así, hasta Lima posee una mayor población, aunque con menor densidad. Esta característica no deja de lado los problemas que lo configuran, a saber: alta tasa delictiva, nivel de corrupción, mortalidad, entre otros. Su reciente democracia es otro ejemplo de la fragilidad institucional que debe defenderse en aras de la libertad.

Recordemos que El Salvador logró un periodo de transición democrática recién en 1992 cuando el gobierno y la guerrilla finalizaron la guerra civil mediante un acuerdo de paz, este episodio significó una victoria para la región y la larga tradición de conflictos donde el ejército participaba activamente en la vida política del país.

Esta consigna venida a menos debido al enfrentamiento del ejecutivo y legislativo de dicho país, pero principalmente por el ímpetu antidemocrático de su presidente, Nayib Bukele, es una llamada de atención para evitar el penoso desenlace de quienes, por imposición, quebrantan el orden democrático, sus valores e instituciones.

Como se sabe, días atrás, el congreso salvadoreño y sus principales vías de acceso amanecieron con la presencia del ejército debido a las órdenes del presidente Bukele. Esta decisión fue producto del desacuerdo entre el congreso por no aprobar un préstamo de 109 millones de dólares al Banco Centroamericano de la Integración Económica. Este préstamo significaría un aporte al sostenido trabajo para fortalecer la seguridad pública dentro del país caribeño, el mismo que ha encontrado mejoras relativamente positivas si tomamos en cuenta las medidas preventivas y correctivas al respecto.

Sin embargo, la negación de dicho préstamo no es estímulo suficiente para sustentar un desencuentro de tales magnitudes, y mucho menos, para valerse del poder militar con el propósito de atemorizar y presionar una decisión que debe partir, únicamente, del ejercicio crítico de la autonomía del propio congreso. Aunque el préstamo supone el fortalecimiento de la tarea del Estado, recordemos que desde el Congreso se le ha concedido al presidente en los últimos 60 días, 465 millones de dólares para robustecer el trabajo contra la inseguridad ciudadana.

Además, pretender convocar a una Asamblea Legislativa que apure la aprobación de un préstamo que carece de una correcta explicación sobre cómo se destinará el gasto, como también de considerarse ilegítimo por carecer del quorum necesario para admitir dicha Asamblea; hace en buena cuenta que, los ingredientes para un intento de golpe de Estado estuvieran a punto de consumarse.

Frente a la insistente negativa del Congreso, el presidente ha llamado al cumplimiento del artículo 87 de la Constitución Política de El Salvador, el mismo refiere lo siguiente: “Se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección, para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución”.

Esta actitud irresponsable e incendiaria solo incrementa la tensión que sostenidamente mermará la credibilidad institucional y el espíritu de la sociedad civil.

Por otro lado, organizaciones como Human Rights Watch condenan el uso de la “fuerza bruta” en dicha Asamblea y, a su vez, exige la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA). La OEA recientemente aprobó un informe donde admitía el grado de improcedencia del accionar de Bukele dado que significaba una violación a la división de poderes. A su vez se ha exigido el cumplimiento de la Carta Democrática, esta funciona como un llamado para el cumplimiento de las obligaciones que previamente han sido acordadas, negociadas y aceptadas por cada país miembro. Su fin mayor es la preservación de la institucionalidad democrática y, como instrumento jurídico, posibilita (cuando hay un incumplimiento de las obligaciones de los Estado miembro) su futura suspensión de la propia OEA.

Ningún motivo justifica el uso de la fuerza y ninguna razón debería suponer la transgresión al orden democrático, especialmente en países cuya pronta experiencia tiene el rostro de la dictadura.

* Diego Mendoza Franco es ingeniero industrial, egresado del Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública de la PUCP y el CAF, coordinador del Círculo de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos Aleph, promotor de los ODS por el Senado de Buenos Aires, Parlamentario Joven Nacional y activista social.

Foto: Politíca On Line

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