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LA COLUMNA DEL DÍA | ¿De dónde vienen los alimentos para las familias?

No es justo que las familias que nos alimentan vivan en la miseria. No todo es fierro y cemento donde está la coima, señala hoy el ingeniero Gabriel Mejía Duclós

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), el número de personas subalimentadas o que sufrieron una carencia crónica de alimentos durante el año 2018 ascendió a 821 millones, 6 millones más que las registradas en el año anterior, según el informe sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo. De igual manera, señala que alrededor de un tercio de la superficie terrestre mundial se utiliza para la agricultura. 

En el Perú, según el censo agropecuario de 2012, el 30% del territorio nacional es de uso agropecuario y alcanza una superficie de 38 millones 742 mil hectáreas. La sierra tiene el 58% de la superficie agropecuaria total.

Asimismo, de los 2 millones 261 mil agricultores existentes en el Perú, según un estudio de Grade, la inmensa mayoría (el 97%) son agricultores familiares. De ellos, el 73% son de subsistencia, el 20% está en transición y solo el 7% es de agricultura familiar consolidada. Es decir, hablando en blanco y negro: 7 de cada 10 familias  que se dedican a la agricultura en las zonas rurales viven en condiciones precarias y de vulnerabilidad, su calidad de vida no alcanza los mínimos estándares de dignidad en proporción al enorme servicio que brindan a la sociedad: producir alimentos para alimentar a los 32 millones de peruanos. Porque, volviendo a repetir lo que dice la  FAO: en el Perú de cada 10 kilos de alimentos que compramos en el mercado, 7 kilos vienen de la agricultura familiar. 

Esta agricultura familiar que nos alimenta, sufre discriminación y abandono sistemático del Estado en todos sus niveles. Por ejemplo, existe la Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar N° 30355, la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria Nutricional y decenas de normas relacionadas, pero todas ellas –como lo dice Conveagro en su plataforma– son letra muerta, porque la torta presupuestaria no prioriza la asignación de recursos económicos al agro. Es decir, no se le asigna la plata necesaria de los impuestos que todos pagamos para hacer justicia con las familias que labran la tierra. 

El Estado da facilidades y prioriza las políticas públicas e inversiones millonarias  para apoyar a los empresarios y la agroexportación. Y también ha firmado tratados de libre comercio (TLC) y bajado los aranceles que favorecen el ingreso de  productos de otros países como el maíz amarillo duro, soya, arroz y papa que entran con facilidad al Perú, perjudicando la agricultura nacional.  

Esta situación alarmante debe llevar al gobierno a replantear el modelo de agricultura que el Estado promueve a través del Minagri. Es indignante que las Direcciones Regionales de Agricultura y las Agencias Agrarias a nivel nacional y en Áncash estén pintadas en la pared y sin capacidad de acción. Los profesionales de las Agencias Agrarias no tienen ni para la gasolina y no pueden salir al campo a capacitar y dar asistencia técnica. 

No es justo que las familias que nos alimentan vivan en la miseria. No todo es fierro y cemento donde está la coima. Los recursos económicos deben invertirse en el campo, apoyando principalmente a la agricultura familiar.  Si no lo hacemos seguiremos condenados a ser un país corrupto que incrementa la desigualdad aparentando que vamos camino al desarrollo, solo pensando en mejorar los indicadores macroeconómicos, pero no el desarrollo humano y sostenible, empezando por la zona rural y el campo.   

* Gabriel Mejía Duclós es ingeniero agrícola con especialización en ingeniería de recursos agua y tierra, 25 años de experiencia en gerencia y dirección de instituciones públicas y privadas vinculadas al desarrollo social, económico y gestión ambiental, ex candidato a la Gobernación Regional de Áncash. 

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