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LO ÚLTIMO | Se complica la situación legal del gobernador de Áncash

Fiscalía cuenta con tres testigos protegidos, un aspirante a colaborador eficaz y dos audios, entre otras decenas de elementos de convicción, para sustentar su pedido de prisión preventiva

El gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, afrontará mañana –junto con siete funcionarios de su gestión y la empresaria no habida Ninel Romero Bartusiak– un pedido de prisión preventiva de nueve meses que podría llevarlo a la cárcel, costarle el cargo y poner fin a su régimen cuando apenas ha transcurrido la mitad de su mandato.

El fiscal anticorrupción Robert Rojas Ascón cuenta con declaraciones de tres testigos protegidos y un aspirante a colaborador eficaz, además de dos audios y decenas de elementos de convicción que usará mañana durante la audiencia de prisión preventiva programada para las 9 a. m. por el juez del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria, Derby Quezada Blanco. 

RSD tuvo acceso al requerimiento fiscal de prisión preventiva, un documento de 84 páginas donde expone uno a uno los elementos de convicción con los cuales sustenta que los investigados se coludieron para beneficiar a las empresas que fueron contratadas para el proyecto de ampliación e implementación  de un ambiente covid-19 en el Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón”, de Nuevo Chimbote, valorizado en 10 millones de soles. 

TESTIGOS PROTEGIDOS

El fiscal Rojas Ascón reveló en su petitorio que cuenta con la declaración de tres testigos con identidades protegidas, quienes dan cuenta que en la gestión del gobernador Juan Carlos Morillo se vienen cometiendo ilícitos en el marco de las contrataciones para hacer frente a la pandemia. 

Un testigo –con clave TP-001-2020– señaló que quienes cometían actos ilícitos eran el gerente de Administración, Juan Mendo Sánchez; el subgerente de Abastecimiento, Ángel Velásquez Abanto; el asesor del gobernador, Fernando Segura Montengro, y Abel López de la Rosa, quien labora en Abastecimiento.

Según el testigo, Mendo Sánchez y Segura Montenegro “realizaban reuniones nocturnas en la Oficina de Gerencia de Administración, donde coordinaban compras de ambulancias y equipos médicos”, que son componentes de los proyectos de inversión realizados en el marco de la pandemia. Y luego los funcionarios Pedro Velezmoro Sáenz, Fernando Segura Montegro, Percy Rojas Vereau y Juan Mendo Sánchez todos los viernes viajaban a Chimbote para reunirse con “el uno”, el gobernador Juan Carlos Morillo. Las reuniones se llevaban a cabo de noche en la sede de la Subregión Pacífico por espacio de tres horas.  

Otro testigo –con clave TP-002-2020– que trabajó en las áreas comprometidas en la investigación, declaró que también tenía conocimiento sobre la existencia de hechos ilícitos en el Gobierno Regional de Áncash.

Aseguró que el gerente de Administración, Juan Mendo Sánchez, entorpecía el trabajo de la encargada de Logística, quien fue desautorizada por el mismo gobernador para que cumpla sus labores o realice contrataciones y compras; además, le ordenaron que todo ese trabajo lo iba a realizar el propio Mendo Sánchez y que a ella solo la iban a utilizar para firmar documentos. “Esas cosas lo sabíamos todos los que estábamos trabajando de manera directa con esa área”, dijo el testigo.

Además, señaló que el encargado de ver la contratación directa del componente “infraestructura” del Hospital Regional fue Pedro Velezmoro Sáenz, quien realizo la contratación con la empresa Quimera SAC en coordinación con el gobernador regional. “Ellos fueron los únicos encargados de realizar todas estas coordinaciones”, anotó. 

“La carta de invitación remitida a Quimera SAC fue hecha por Juan Mendo Sánchez; igualmente el tema de equipamiento era coordinado por Juan Mendo Sánchez, Ítalo Bryan Kiyoshi Lon Kan Pérez y el gobernador regional Juan Carlos Morillo Ulloa; ellos eran los únicos que realizaban esta coordinación con los proveedores, por lo que muchos de ellos nos pedían el teléfono de Juan Mendo Sánchez para poder realizar sus coordinaciones”, aseguró.

Acotó que todos ellos realizaban coordinaciones desde abril con la finalidad de lucrarse, y que ninguno de los bienes adquiridos cumplían con las especificaciones técnicas.

El testigo protegido aseguró al Ministerio Público que el gobernador Morillo Ulloa tenía pleno conocimiento de los hechos.

En tanto, el testigo protegido –con clave TP–003-2020– ratificó la existencia de hechos ilícitos en la gestión regional, y que vio involucrado en dichos actos al gobernador regional, al gerente de Administración Juan Mendo Sánchez y a Fernando Segura Montenegro,

Sobre el gerente de Administración, Juan Mendo, ratificó que este se inmiscuía en labores que realizaba el área de Logística, “pues él imponía proveedores, lo que trajo consigo la renuncia de la subgerente de Abastecimiento, Verónica Asahuanche Gonzales”. Agregó que cuando los hechos fueron comunicados al gobernador durante una reunión de gerencias, él dijo que el encargado de las contrataciones era el administrador Juan Mendo.

ASPIRANTE A COLABORADOR EFICAZ

El Ministerio Público también cuenta con un aspirante a colaborar eficaz –con clave N° 001-2020– que reveló que el gobernador Morillo Ulloa y sus funcionarios investigados Pedro Velezmoro Sáenz y Percy Rojas Vereau habían acordado borrar todas sus conversaciones de WhatsApp. 

Al respecto, el fiscal anotó que cuando examinó los celulares del imputado Juan Carlos Morillo Ulloa dejó constancia que el contenido de sus redes sociales WhatsApp y Telegram, de las cuales se realizaron capturas de pantalla, no se ajustaban a la trasmisión de mensajes y datos a través de las mismas, “toda vez que los usuarios convencionales reciben mensajes considerados por día, y en dichos celulares no se aprecia dicha consideración”. 

El fiscal hizo esta precisión para hacer notar que el imputado “realizó conductas activas sobre las fuentes de prueba que demuestran cómo el proceso será perjudicado” por su conducta, lo que constituye un peligro de obstaculización.  

El aspirante a colaborador eficaz también reveló que el gerente general regional Johnny Muñante Quispe era el funcionario que presionaba constantemente vía telefónica a Pedro Velezmoro Sáenz, solicitándole el presupuesto del proyecto debido a que la empresaria (Ninel Romero) también se lo estaba exigiendo. Asimismo, señaló que Pedro Velezmoro le rendía cuentas al gerente antes de tomar cualquier decisión.  

Asimismo, detalló de qué modo se coordinó dentro del gobierno regional las contrataciones para la construcción e implementación del ambiente covid del Hospital Regional “entre los funcionarios y la contratista”.  

DOS AUDIOS

El fiscal también da cuenta de dos audios encontrados en el celular del imputado Johnny Muñante Quispe y que corresponderían al 29 de octubre del año en curso. Muñante Quispe al parecer conversa con una mujer. La transcripción del primer audio dice así: 

“Amorcito… este… lo único que pido, amor, que Juan Carlos al último no me falle. no me diga ‘no, Jonny, tengo un problema’. Lo único que quiero que cumpla con darme esa plata que me corresponde, bueno, lo que me debe por todo los años que yo lo he apoyado y, bueno, también lo he dado trabajo para que pueda estar donde está ahorita”.

Y el otro audio dice así: “Juan solo me ha dado veinte mil soles, mi amor, ya con eso voy a pagar las tarjetas, mensualidad de mi hijo para salir de esas cuentas para que no me estén llamando; con eso me quedo tranquilo y espero que hoy o mañana me complete el resto”.

Los audios –como puede advertirse– dan cuenta de un compromiso que Morillo Ulloa tiene con el funcionario como consecuencia de los favores que durante años este le hizo antes de que llegara a ser autoridad regional. 

OTROS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN

Otros elementos de convicción importantes son un informe pericial contable emitido por el perito contable adscrito a la Fiscalía Anticorrupción de Áncash, Rosmel Miguel Tarazona Bravo, el 27 de octubre de 2020, donde da cuenta de 27 observaciones en la elaboración del expediente técnico y en el proceso de contratación, tanto en el componente “infraestructura” como en el componente “equipamiento”, y el informe pericial civil emitido por la perito ingeniera civil también adscrita a la Fiscalía Anticorrupción de Áncash, Amalia Karina Ángeles Cervantes, el 18 de noviembre pasado, en la que concluye que el incremento presupuestal correspondiente a infraestructura equivale al 29.42 %.

En celular de Johnny Muñante Quispe también se encontró el Informe N° 10–2020/RO/ARQ.AFBCH del 14 de abril de 2020 y el Informe N° 11-2020/RO/ARQ.AFBCH del 15 de abril de 2020, remitidos por el residente de obra Alan Bocanegra Chiclayo a la representante legal de la constructora Quimera SAC, Ninel Romero Bartusiak. “Este documento se encontró en archivo word y sin firma, más aun si es un documento interno de la empresa”, anotó el fiscal. 

Asimismo, la fiscalía encontró en archivos digitales firmas y sellos de empresas que cotizaron o ganaron el componente “equipamiento”: Representaciones Unimport SRL, Spectrum Ingenieros SAC, Interservis Peru Hospital SRL, Cardio Cardiopulmonary Care SAC, Gbiomedica Importaciones SAC. Dichos archivos deberían ser de uso exclusivo de las empresas mencionadas, determinó el fiscal. (RSD Noticias). 

Foto: La Realidad