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Las razones del fiscal que sustentan la detención preliminar del gobernador de Áncash

Magistrado detalla presuntos hechos irregulares en la construcción e implementación del ambiente covid del Hospital Regional, y señala que el gobernador tenía conocimiento pero, a pesar de eso, insistió en que las contrataciones directas sean aprobadas por el Consejo Regional

Antes de ser detenido, el gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, había calificado de “desproporcionado” y “sin fundamentos” el pedido de detención preliminar planteado en su contra por el fiscal anticorrupción Robert Rojas Ascón, y que luego fue declarado fundado por el juez Derby Quezada Blanco

Morillo Ulloa decía que pretendían detenerlo solo por haber cumplido con su función de solicitar al Consejo Regional la aprobación de las contrataciones directas para la construcción e implementación de un ambiente covid para el Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón” de Nuevo Chimbote. ¿Es eso cierto? 

RSD revisó el pedido fiscal de detención y la resolución judicial que lo autoriza. A continuación detallamos los motivos expuestos por el fiscal para justificar la detención de la máxima autoridad regional. 

CONSTRUCCIÓN INNECESARIA

De acuerdo con el fiscal Rojas Ascón, del Octavo Despacho Transitorio de la Fiscalía Anticorrupción de Huaraz, la gestión del gobernador Morillo Ulloa contrató a la empresa Quimera SAC para construir un ambiente en el Hospital Regional para la atención de pacientes contagiados de covid-19, pese a que había infraestructura suficiente que podía habilitarse para ese fin, lo que contravino las directivas dadas por el gobierno central. La constructora Quimera SAC tiene como gerenta a la empresaria y excandidata al Congreso de la República, Ninel Romero Bartusiak

El 23 de marzo, el entonces director del hospital, Federico Martínez Taipe, solicitó al gobernador regional la dotación de equipos para la implementación de un ambiente covid. Al día siguiente, el director regional de Salud, Luis Huamaní Palomino, emitió un informe en el que señalaba que los hospitales contaban con infraestructura e instalaciones para atender a los pacientes, pero faltaba equipamiento.

No obstante, el Gobierno Regional de Áncash (GRA) aprobó el plan de reforzamiento de los servicios de salud y contención del coronavirus y el 27 de marzo registró en el sistema Invierte.pe un proyecto de remodelación de ambiente complementario y compra de equipos para el Hospital Regional.

Es decir, aunque había infraestructura disponible en el nosocomio y el mismo director había dicho que se podía usar el segundo piso para habilitar camas covid, los funcionarios de Morillo Ulloa optaron por contratar a una empresa para construir un ambiente adicional. 

INCREMENTO DE COSTOS  

El pedido fiscal de detención señala que el proyecto registrado el 27 de marzo en Invierte.pe establecía un costo total de 7.8 millones de soles: 320 mil soles para el componente “infraestructura” y 7.4 millones de soles para el componente “equipamiento”.

Sin embargo, cuatro días después, cuando se elaboró el expediente técnico, ese mismo proyecto pasó a costar 10 millones de soles: 624 mil soles el componente “infraestructura” y 9.4 millones de soles el componente “equipamiento”. El incremento fue superior a 2.2 millones de soles. El fiscal anticorrupción que investiga el caso señaló que no había sustento alguno para tamaño incremento. 

El componente “equipamiento” fue elaborado por el ingeniero Ítalo Lon Kan Pérez. La Fiscalía observó que el 1 de abril esta misma persona asumiera el rol de evaluador de la Subgerencia de Estudios e Inversiones del GRA y diera conformidad al proyecto.

EMPRESA SIN EXPERIENCIA

El Ministerio Público considera que el gobernador regional Morillo Ulloa se coludió con sus funcionarios para favorecer a las empresas ganadoras de las 18 contrataciones realizadas por el GRA, una de infraestructura y 17 de equipamiento.

Uno de los sustentos esgrimidos por la fiscalía es que los términos de referencia para contratar a la empresa que debía encargarse de construir el ambiente covid contemplaban entre sus requisitos mínimos que el postor debía “tener experiencia en obras iguales o similares”. 

Siendo así, se entendía que la empresa debería tener experiencia en construcción de infraestructura en salud, pero no fue así. Los funcionarios precisaron en los mismos términos de referencia que “obras similares” era igual a “construcción de infraestructura en general”. “Es decir, se podría contratar a una empresa sin experiencia en la construcción de centros de salud”, apuntó el fiscal en su pedido de detención. Y así se hizo.

Tras una inspección, la Contraloría General de la República determinó que la infraestructura construida en el Hospital Regional incumplía una serie de normas técnicas e, incluso, ni siquiera se ajustaba a todo lo requerido en el plan del mismo gobierno regional. 

La Fiscalía cuenta con un peritaje que contiene 27 observaciones a la obra.

COTIZACIÓN ANTES DE SER SOLICITADA

Otro argumento fiscal para señalar que hubo colusión es el hecho de que la empresa Quimera SAC fue la única a la que le pidieron una cotización; lo sorprendente es que la presentó antes de que le hicieran el requerimiento. 

En efecto, el 3 de abril la constructora representada por Ninel Romero Bartusiak presentó mediante la Carta N° 013-2020 su propuesta económica para hacerse de la buena pro de la obra. Ello no tendría nada de raro si no fuera porque la Subgerencia de Abastecimiento del GRA recién se la pidió el 7 de abril mediante un correo electrónico.

¿Por qué Quimera SAC presentó su cotización cuatro días antes? ¿Cómo supo que le iban a hacer tal requerimiento? La explicación dada es que hubo un error en la fecha de la carta que emitió: en vez de 3 de abril, debía decir 7. Suponiendo que hubo un error, el procurador anticorrupción del Santa, Richard Asmat Urcia, se preguntó lo siguiente: ¿cómo hizo Quimera SAC, una empresa sin experiencia en el rubro de infraestructura en salud, para cotizar, elaborar y presentar su propuesta económica en el mismo día? Todo en plena pandemia, con la orden de confinamiento obligatorio y sin negocios funcionando. 

Un día después, el 8 de abril, el gobierno regional aceptó la propuesta de Quimera SAC y ese mismo día suscribió el acta de inicio de obra, “siendo evidente que la contratista sabía con anticipación que le iban a entregar la obra, puesto que sus profesionales estuvieron presentes ese mismo día en la entrega de terreno”, agregó el fiscal. 

El contrato materia de cuestionamiento (N° 037-2020), en vías de regularización, fue firmado el 12 de junio.

La Fiscalía sostiene que el gobernador Juan Carlos Morillo Ulloa conocía de todos estos actos presuntamente irregulares y, pese a eso, insistió para que el Consejo Regional aprobara las contrataciones directas.

Pero hay más. En entrevista con RSD, el procurador anticorrupción del Santa aseguró que si bien los argumentos antes mencionados fueron considerados en la resolución fiscal para pedir la detención del gobernador, en el Ministerio Público obran más evidencias de presuntos actos de corrupción que justifican la solicitud, y no solo por la construcción del ambiente covid del Hospital Regional, sino también en los hospitales La Caleta de Chimbote y “Víctor Ramos Guardia” de Huaraz, así como en el alquiler de hoteles para albergar a pacientes asintomáticos. 

PELIGRO DE FUGA Y 45 INVESTIGACIONES

El delito de colusión agravada que la fiscalía imputa al detenido Morillo Ulloa se sanciona con pena de cárcel no menor de 6 años ni mayor de 15, además de inhabilitación para el ejercicio de la función pública.

La Fiscalía hizo notar en su solicitud de detención preliminar que  el gobernador regional no tiene arraigo domiciliario, pues desde agosto de este año no despacha en la sede del GRA en Huaraz y tampoco fue ubicado en su domicilio en Chimbote, y registra 45 investigaciones fiscales en su contra, la mayoría por delitos de corrupción. Por ello consideró que Morillo Ulloa podría escapar de la acción de la justicia. 

Para demostrar lo contrario, el último lunes Morillo Ulloa llegó hasta la sede de la Fiscalía Anticorrupción de Huaraz para entregar su pasaporte. “¿Quién huye usando su pasaporte? Quienes han huido lo hacen de modo ilegal, sin pasaporte”, dijo al respecto el procurador anticorrupción al restar importancia al acto del gobernador. 

Juan Carlos Morillo Ulloa sigue detenido. Desde el lunes está internado de una clínica, tras sufrir una descompensación. En los próximos días se conocerá si el fiscal formaliza el inicio de una investigación preparatoria y solicita la prisión preventiva de los investigados. (ME – RSD Noticias).

Foto: Correo / Composición: RSD