Creado el Lunes, 4 de Marzo del 2013 07:03:13 pm

¿Cómo no va a ser atractiva esta actividad que genera millones de dólares de ganancias al año, con el trato privilegiado que le brinda el Estado, que pone a su disposición un recurso natural que es de todos los peruanos y por el cual solo exige a cambio el pago de una ridícula tasa por derechos de pesca?

¿Estamos todos los peruanos conformes con el comportamiento social del Estado en cuanto a fijar las reglas justas y equitativas a todos los actores involucrados en esta actividad extractiva? ¿Es justo que se defina el futuro de la pesca en comisiones en las que participan solamente el Estado y los que se benefician de ella, es decir los armadores e industriales pesqueros? ¿Pueden nacer normas nacionales pesqueras con principios de justicia de la unión de estas dos voluntades? ¿Por qué no participan quienes se perjudican? ¿Participa la sociedad civil en representación de quienes somos dueños de este patrimonio de la nación que enriquece a unos pocos y administra muy mal el Estado? ¿Se exige compensación a quienes nos trasladan todo el pasivo ambiental y causan daños irreversibles a nuestras reservas naturales que deberían garantizar nuestro futuro alimentario? ¿Están debidamente representados los pescadores activos y jubilados por probos dirigentes que definan con convicción el futuro de miles de familias que dependen de esta actividad laboral?

No es casualidad entonces ver por un lado a un grupo empresarial chino con 1,020 millones de soles en la billetera dispuesto a comprarse a un pulpo empresarial pesquero como Copeinca sin un mínimo asomo de preocupación por las débiles políticas tributarias y de control ambiental de nuestro irresponsable Estado, y por el otro a pescadores activos con su remuneración fijada en 22.4% como participación de pesca en una norma que se pisotea y que no se respeta; pescadores jubilados agobiados con 39 meses de sus ínfimas pensiones impagas, y organizaciones sociales reclamando la contaminación de sus playas, sus aires y el riesgo de su salud por normas ambientales que no se cumplen ni sancionan. ¿Dónde está la responsabilidad social del Estado? Ojo que no estoy en contra de la inversión privada nacional o extranjera, solo me preocupa la débil participación del Estado en su tarea de protección a sus recursos y a quienes les pertenecen. Se necesita en estos momentos en que la biomasa del recurso anchoveta está en disminución, que el Estado dicte reglas claras en cuanto al pago justo y trato digno a quienes participan en la extracción y el procesamiento de nuestros recursos hidrobiológicos, en un estricto cuidado del medioambiente con sanciones drásticas, y en el desarrollo de acciones concretas para aprovechar los recursos pesqueros como armas para enfrentar a la alta desnutrición que exhibe nuestra región.

Para que reaccione el Estado hace falta la exigencia de los actores principales. Es necesario que los pescadores activos dejen sus discrepancias de lado y se unan, que los pescadores jubilados no agoten sus esfuerzos caminando en direcciones diferentes con dos proyectos acerca de su futuro pensionario y encuentren consenso, que la sociedad civil abandone su marasmo y participe exigiendo la compensación al empresariado pesquero por el daño que causa al ecosistema marino y a su medio ambiente con un real justiprecio y no solo con un irrisorio pago por derechos de pesca.

Hay que aprovechar la buena voluntad de la ministra Triveño en ordenar el sector y preservar el recurso. Ahora hace falta involucrar a los demás ministerios en la verdadera tarea de protección social que debe asumir el Estado en la actividad pesquera.

César Alberto Córdova Ponce

Director de la revista La Voz del Pescador

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