Creado el Martes, 26 de Noviembre del 2013 07:21:40 pm

Aun cuando fuimos la región que tenía mayor cantidad de dinero por concepto de canon minero, no pudimos crear las condiciones apropiadas para que la inversión privada llegue a nuestra jurisdicción en grandes cantidades. Hasta ahora las autoridades regionales no comprenden la verdadera importancia de la inversión privada en la contribución al desarrollo económico de una nación. Esta ha sido marginada. En los últimos años la inversión privada más significativa ha sido para la construcción y el funcionamiento de las megatiendas comerciales en Chimbote.

La política implementada por el Gobierno Regional de Áncash se orientó a fortalecer el gasto público, invirtiendo en proyectos de fierro y cemento para mejorar fundamentalmente el desarrollo urbano, gracias a los convenios firmados con las diversas municipales provinciales y distritales, y algunas entidades públicas como el Poder judicial y la Fiscalía de la Nación.

El financiar obras que no son de su competencia, así como las denuncias por sobrevaloraciones, impidieron destinar íntegramente los recursos económicos del Gobierno Regional de Áncash hacia la ejecución de obras de impacto regional y proyectos productivos. Como resultado de la aplicación de esta política, tenemos un magro crecimiento económico que linda prácticamente con el estancamiento.

En el afán de querer demostrar eficiencia administrativa por obtener una buena imagen política con miras a su segunda reelección, es de suponer que licitaron innumerables obras sin tener la disponibilidad de dinero exigida por las normas legales como requisito prioritario. La consecuencia de esta decisión administrativa ha generado el déficit al Gobierno Regional de Áncash ascendente a 150 millones de soles, tal como lo reconoció el propio presidente regional.

Un trabajo de investigación realizado por el diario el Correo, edición local, ha resaltado que el déficit es mayor de lo anunciado; solo en la Unidad Ejecutora de la Subregión Pacífico, la deuda de las obras licitadas superaría los 185 millones de soles, sin incluir el contrato firmado para construir el Hospital La Caleta, de Chimbote, estimada la primera etapa en 65 millones de soles. Faltaría conocer la deuda de las otras 6 Unidades Ejecutoras para identificar la magnitud del real déficit.

Para solucionar la crisis económica financiera, el presidente regional ha decidido pedirle dinero al Estado echándole la culpa de esta situación a la aplicación del Impuesto al Gravamen Minero, ocultando su incapacidad de gestión. Recordemos que la empresa Antamina, desde que firmó su Contrato de Estabilidad Tributaria, solo pagaba el impuesto a la renta y las utilidades a sus trabajadores. A partir de la aprobación de la Ley del Gravamen Minero realizada por el Congreso de la República en setiembre de 2011, es este año que lo paga por primera vez. Por tanto, a Áncash no le pueden quitar algo que nunca tuvo. Los 517 millones de soles provienen, mayoritariamente, de las utilidades de Antamina, y la anulación de esta ley solo le favorece única y exclusivamente a esta empresa porque automáticamente se le restituiría sus utilidades.

A mi criterio, el tema central no es el Gravamen Minero sino la política implementada por el presidente regional. Se pretende financiar el desarrollo de Áncash solamente con los recursos del sector público. Solo así puede tener la esperanza de ganar una nueva reelección. Necesita que el pueblo lo vea como el único que genera empleo y ejecuta obras. Esta actitud caudillista ya la hemos visto en reiteradas oportunidades en el Perú, así como también hemos visto sus caídas y tristes finales.

Mg. Econ. Luis Luna Villarreal

Decano del Colegio de Economistas Áncash Costa

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