Fiscalía Anticorrupción investigará el convenio que suscribió el Gobierno Regional de Áncash con el Poder Judicial
Creado el Martes, 24 de Septiembre del 2013 08:55:14 pm
La fiscalía presume que el convenio no cuenta con acuerdo del Consejo Regional de y que, abusando de sus atribuciones, el presidente regional habría ordenado la modificación del presupuesto regional para destinar 15 millones 334 mil soles para la ejecución del proyecto denominado “Elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra implementación del nuevo código procesal penal con sede en el distrito de Nuevo Chimbote”.
Según el Ministerio Público, esta decisión habría causado perjuicio a sectores más comprometidos en la ejecución de obras de infraestructura, al haberse dejado de lado obras dirigidas a la población más vulnerable y necesitada a pesar de que el presupuesto ya estaba comprometido desde el 2008, un año antes de la suscripción del convenio, es decir, para ejecutar este convenio se habría tomado necesariamente fondos que corresponden a otras obras.
Por otro lado, la fiscalía anticorrupción advierte que el consorcio jurídico conformado por las empresas Goya S.R.L, Constructora Armas SRL y Julio César Martínez Estrada, representados por Leydy Romaina Romero, ganadores de la buena pro por un monto de 14 millones 767 mil soles, de acuerdo a su historial empresarial no tendrían la experiencia suficiente al evidenciar obras ejecutadas cuyos montos no se condicen con los años de su actividad empresarial. Asimismo, la empresa Armas S.R.L.
Según informe de la Sunat, estaría reportado en Infocorp por mantener deudas tributarias de los años 2008 y 2011, con lo cual estaría impedida de contratar con el estado.
Aparte de ello, la modalidad del proceso de selección llevado a cabo contravendría la ley de contrataciones y adquisiciones del estado ya que para una inversión de más de 14 millones de soles se debía ejecutar mediante licitación pública, y no mediante adjudicación directa de menor cuantía.
A ello se aunaría el hecho de haber otorgado como adelanto directo el 20% del monto de la obra, y 40% por materiales e insumos, lo que en dinero significa 8 millones 860 mil soles, monto superior a la carta fianza que entregó el consorcio por el 10% de la obra.
La fiscalía señala que al denominarse al proceso como “Elaboración de expedientes técnicos y ejecución de la obra de implementación del nuevo código procesal penal con sede en Nuevo Chimbote” solo se habría hecho para darle apariencia legal, cuando en realidad se trata de una obra de construcción e implementación, donde los gastos por este rubro significan más de 94% del monto total del contrato, y no más de 6% por elaboración del expediente técnico.
Además, el hecho de que el gerente de la empresa consorciada “Constructora Armas S.R.L”, Máximo Hernán García Pineda, sea militante del movimiento “Cuenta Conmigo” y regidor de la municipalidad de Nuevo Chimbote, le genera un impedimento legal para ser postor. Asimismo, en el caso de Leydy Rromayna Moreno, se advierte que esta no tendría vínculo con las empresas consorciadas, sin embargo resulta siendo su representante, y no sería ajena al gobierno regional pues ya ha representado a otras empresas que se beneficiaron con contratos con dicho ente del Estado.
Por todas estas razones, el fiscal anticorrupción Laureano Añanca chumbe decidió abrir investigación preliminar por 120 días, tiempo durante el cual realizará una serie de diligencias para recabar las pruebas que le permitan formalizar la denuncia penal ante el poder judicial. (RSD Noticias).