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Defensoría del Pueblo: Áncash es la región con mayor cantidad de conflictos sociales

Reporte defensorial incluye alertas tempranas de problemática en Mercado El Progreso y protestas contra posible exploración y explotación petrolera en Chimbote
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La Defensoría del Pueblo advirtió la existencia de 20 conflictos sociales en la región Áncash durante el mes de agosto, 17 de carácter socioambiental y tres de competencia nacional, regional y municipal.  

Las cifras se encuentran incluidas en el “Reporte de Conflictos Sociales Nº 198–agosto 2020” elaborado por la institución y publicado en su portal web. 

El documento puntualiza la presencia de 190 conflictos sociales a nivel nacional, concentrándose la mayor cantidad de casos en Áncash y Cusco.

La  problemática más evidente en Áncash se advirtió en Chimbote por el cierre del Mercado El Progreso. El caso fue considerado como alerta temprana y fue reactivado debido a que no hubo una solución consensuada entre los comerciantes y la Municipalidad Provincial del Santa.

También en Chimbote, la Defensoría del Pueblo consideró como alerta temprana las protestas de un sector de la sociedad civil contra la posible exploración y explotación petrolera en el mar de Áncash. 

El reporte además incluye la protesta de los pobladores del caserío de Huarupampa, en distrito de Cáceres del Perú, provincia del Santa, contra la empresa Consorcio Minero y Operaciones Conexas S.A.C. que construye una carretera de acceso. Los habitantes denuncian que la empresa arroja piedras y tierra al río Huampucayán, el cual es usado para sus cultivos y actividades agrícolas.

“El diálogo es fundamental en el tratamiento de los conflictos sociales, es el mecanismo más eficaz para su resolución y la prevención de la violencia, al igual que el medio para alcanzar la convivencia pacífica”, dijo la coordinadora de la Defensoría del Pueblo en Chimbote, Roslin Villanueva Ramírez. 

La institución defensorial precisó que en materia de conflictos despliega sus facultades de defensa y supervisión para prevenir e intermediar con el fin de evitar situaciones que puedan amenazar o violar los derechos fundamentales, afectar a la gobernabilidad local, regional o nacional y abrir el camino a procesos de diálogo que contribuyan a su solución.

Del total de los conflictos registrados a nivel nacional, 75.3 % están activos, mientras 24.7 % están en condición de latentes. 

La Defensoría del Pueblo ha tenido presencia en espacios de diálogo de un 67.9 % de conflictos y realizó 75 actuaciones defensoriales en conflictos sociales (57 supervisiones preventivas y 18 intermediaciones). (RSD Noticias).