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SEMÁFOROS INTELIGENTES | Sala de Apelaciones ratifica condena por corrupción contra Victoria Espinoza y Julio Cortez

Jueces determinan que ambos se coludieron con funcionarios ediles y empresario chileno para darle obra que fue sobrevalorada en más de S/3.5 millones

Los prófugos exalcaldes de Chimbote, Victoria Espinoza García y Julio Cortez Rojas, recibieron esta tarde otro durísimo golpe de la justicia. La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa, a la que habían recurrido con la finalidad de cambiar su suerte, ratificó la condena a cuatro años de cárcel efectiva que se les impuso en julio pasado por el delito de colusión en el caso denominado “Semáforos inteligentes”

Espinoza García y Cortez Rojas, candidatos de la agrupación política Río Santa Caudaloso a la Gobernación Regional de Áncash y a la Alcaldía Provincial del Santa, respectivamente, permanecerán con orden de ubicación, captura e internamiento en un penal donde deberán cumplir su condena. La colusión es uno de los varios delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos. Según el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, hasta fines de 2016 la colusión fue el segundo delito de corrupción más frecuente, con 4493 procesos. Y hasta octubre de 2017, fue el tercer delito de corrupción con mayor número de internos en las cárceles del país: 83.  

AÑO 2009: COLUSIÓN POR LOS MILLONES

Los integrantes de la Sala consideraron, en su resolución, que los sentenciados apelantes se coludieron con el empresario de nacionalidad chilena Emilio Nicolás Rivas Gay para favorecer de manera irregular al Consorcio El Santa ITS que este representaba, con una obra de más de 8.3 millones de soles (ampliación, modernización y centralización de la red semafórica en Chimbote), la cual fue sobrevaluada en más de 3.5 millones. 

El delito de colusión fue cometido durante la primera gestión municipal de Victoria Espinoza (2008-2010). Ella era la alcaldesa, Julio Cortez Rojas su gerente municipal y Micaela Flores Gómez, Javier Menacho Méndez y Aquior Mendoza Mendoza los integrantes del comité de licitación. 

Según consta en la investigación fiscal, en el año 2009, aprovechando el Decreto de Urgencia N°041-2009 emitido el 28 de marzo de aquel año, la gestión de Victoria Espinoza convocó a concurso para la instalación de “semáforos inteligentes” en Chimbote por 8 millones 309 mil 710.81 soles.

Alcaldesa, gerente municipal, funcionarios ediles y empresario se coludieron para que el concurso sea ganado por el Consorcio El Santa ITS. Prueba de ello fue que durante la convocatoria se evidenciaron irregularidades como la declaratoria de desierto del concurso público pese a que había otros postores. Durante la ejecución de la obra, al consorcio se le otorgó indebidamente una ampliación de plazo en el 2010 y no se fiscalizó la ejecución total de la obra.

INFORME PERICIAL: PRUEBA IRREFUTABLE 

Pero no solo eso: un informe pericial determinó que la obra fue sobrevalorada en más de 3 millones de soles, para lo cual se alteraron una serie de partidas del presupuesto total  y del presupuesto base del expediente técnico. 

Tras evaluar todos los elementos de convicción debatidos por la representante de la fiscalía y de la defensa, los jueces Carlos Maya Espinoza, José Manzo Villanueva y Pedro Rodríguez Huayaney decidieron confirmar la condena de cuatro años de cárcel efectiva que emitiera en primera instancia el juez Efer Díaz Uriarte el 4 de julio pasado.

La condena alcanza a Victoria Espinoza, Julio Cortez, Micaela Flores, Javier Menacho y al empresario Emilio Rivas Gay. En el caso de Aquior Mendoza, por haber tenido más de 65 años de edad al momento de la comisión del delito y por su delicado estado de salud fue condenado a 3 años de prisión suspendida.

ÚLTIMA CARTA: LA CASACIÓN 

Victoria Espinoza, Julio Cortez y los demás condenados jugarán su “última carta” en la Corte Suprema, pues sus respectivos abogados anunciaron que interpondrán recursos de casación. La casación es un recurso extraordinario que tiene por objeto anular una sentencia judicial que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la ley, o que deriva de un proceso que no respetó los requisitos legales. Gracias a un recurso de casación, en julio de 2016 Victoria Espinoza y Wuilmer Agapito Vásquez, padre de su hija, fueron absueltos del delito de enriquecimiento ilícito por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida en aquel entonces por Javier Villa Stein e integrada, entre otros, por César Hinostroza. 

(RSD Noticias).