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Contralor regional: una auditoría no va a solucionar el problema económico de la MPS  

Precisa que sí están haciendo una auditoría de los pactos colectivos, pero aclara que no les compete revisar las resoluciones judiciales de los reincorporados

El jefe regional de la Contraloría en Áncash, David Quiroga Paiva, informó que desde el 3 de setiembre una comisión auditora viene revisando y evaluando los pactos colectivos de la Municipalidad Provincial del Santa, y se estima que en 45 días tendrán los resultados de este trabajo realizado por el mismo OCI de este municipio.

El funcionario también aclaró, que si bien la semana pasada el alcalde Roberto Briceño Franco, en una reunión con el contralor general Nelson Shack en Lima, les pidió hacer una auditoría a las reincorporaciones de trabajadores, esa labor no la pueden realizar porque no está dentro de sus competencias revisar resoluciones judiciales, porque estas están para cumplirlas. “Yo no le puedo decir no cumplas un mandato judicial”, indicó en declaraciones a RSD.

Quiroga Paiva comentó que en esa reunión el burgomaestre hizo algunos comentarios respecto a la situación económica de la municipalidad. El alcalde ha dicho que el municipio está en crisis por la gran cantidad de trabajadores reincorporados y que el dinero por eso no alcanza para cumplir el pago de sueldos a tiempo.

El contralor regional contó que sobre la situación económica del municipio se le indicó al alcalde que ese es un tema de gestión, y por eso es que el año pasado habían insistido en que se tenía que elegir a gestores públicos. 

Ellos ya tenían conocimiento de cuál era la situación de la municipalidad. Debieron haber puesto a los profesionales que van a solucionar ese problema (…) Una auditoría no le va a solucionar el problema económico a la institución”, enfatizó.

El funcionario recomendó al alcalde que tome las acciones necesarias para solucionar el problema económico del municipio, ya que para eso tiene un equipo técnico que debe ayudarlo.

Vale precisar que actualmente existe un conflicto entre el alcalde y sus trabajadores. Mientras el burgomaestre ha desconocido el pago de un incremento remunerativo ganado por pacto colectivo el año pasado, los trabajadores consideran que es su derecho que se les pague ese aumento. Aunque ya OCI aseveró semanas atrás que las negociones de incrementos estaban prohibidas, hoy el contralor indicó que de todos modos se evaluará el caso a profundidad. (ME – RSD Noticias).