Áncash: alertan de perjuicio económico de S/615 mil en la Unasam por pagos irregulares
Creado el Domingo, 21 de Enero del 2024 05:33:21 pm
La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de 615 mil 379 soles en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Unasam) de Huaraz, como consecuencia del pago de retribuciones económicas a favor del personal docente y administrativo, que en el 2021 desempeñaron cargos directivos a pesar de que el régimen laboral para profesores no reconoce pagos por dicho concepto.
Asimismo, se pagó un segundo incentivo económico a 11 servidores de la entidad del régimen del Decreto Legislativo N° 276 por asumir cargos directivos. No obstante, dicho personal ya venía percibiendo una compensación por desempeño de la mencionada responsabilidad directiva.
El órgano de control indicó que en febrero del 2021 el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, en sesión extraordinaria, aprobó el reglamento interno de reconocimiento y otras retribuciones económicas por responsabilidad directiva, cumplimiento de metas académicas, participación y otros pagos del año fiscal 2021, sin tener en cuenta la Ley de Presupuesto del sector público para dicho año fiscal.
Precisamente, esta prohibía la aprobación de retribuciones, estímulos, bonificaciones, compensaciones e incentivos de cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento.
Sin embargo, empleados de confianza y servidores de esta casa de estudios superiores tramitaron y pagaron dichas retribuciones a favor de 131 beneficiarios, entre los cuales figuran ellos mismos.
Si bien la Constitución Política del Perú reconoce la autonomía de las universidades, ello no las exime de cumplir el ordenamiento jurídico nacional, como la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, que dispone que toda bonificación, escala o reajuste de este debe ser aprobado mediante decreto supremo. Es decir, las entidades del sector público no pueden aprobar disposiciones en materia de ingresos.
En ese contexto, se tramitaron las planillas basándose en el reglamento interno que incumplía la normativa vigente puesto que se aprobó sin contar con una exoneración con rango de ley y se efectuaron los pagos a los beneficiarios. Entre ellos, decanos, directores de escuela, directores de departamento y secretarios del Consejo de Facultad, así como personal administrativo, entre otros.
Según la Contraloría, 17 servidores públicos tendrían presunta responsabilidad penal y administrativa, entre quienes figura el titular de la entidad, por lo que el informe fue notificado al procurador anticorrupción, al Órgano Instructor de la Contraloría General y a la autoridad competente de la entidad para el inicio de las acciones que correspondan. (V.Z. – RSD Noticias).
