LA COLUMNA DEL DÍA | Bambas de tiempo
Creado el Jueves, 28 de Marzo del 2019 09:15:46 am | Modificado el 06/10/2021 01:33:54 pm
A propósito de lo que ocurre en Las Bambas, el último reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo advierte que Áncash es la región con mayor cantidad de conflictos por resolver, nada menos que 24 casos, que representan el 13 % del total nacional. Nos siguen Puno y Cusco.
19 son conflictos activos, es decir que alguna de las partes ya hizo públicos sus reclamos, pero en casi la mitad de los casos aún no hay diálogo. Como es de esperarse en una región con gran actividad minera, más del 80 % son conflictos socioambientales entre comunidades y empresas por los efectos de la extracción de minerales sobre las fuentes de agua y las tierras agrícolas, o por el incumplimiento de las mejoras que el Estado o las mineras ofrecieron a los pobladores para obtener su aprobación.
Sorprende que la mayoría no son casos nuevos, algunos se iniciaron hace diez o doce años y permanecen sin ser resueltos. La comunidad de Ayash, en San Marcos, reclama desde el 2007 que la minera Antamina detenga el vertimiento de relaves al río y que cumpla con el aporte social al que se comprometió. Desde ese mismo año, los regantes de Parón se oponen a que la minera Orazul Energy realice descargas hacia la laguna Parón, el Poder Judicial le ha dado la razón a la empresa.
Un caso parecido al de Las Bambas ocurre en el caserío de Huarupampa, Jimbe, cuyos pobladores rechazan que la Empresa Consorcio Minero y Operaciones Conexas arroje piedras y tierra al río Huampucayán para construir una carretera. Ni la empresa ni el Estado han aceptado dialogar.
Solo el último año se activaron 4 nuevos conflictos a los que nadie parece poner atención. En octubre de 2018, la comunidad de Virgen del Rosario, en Quillo, denunció la intoxicación de 63 personas con las aguas de una fuente presuntamente afectada por la actividad de la minera COPEMINA. Cinco meses después, ni siquiera se ha podido tomar análisis a todos los afectados.
Los casos son diversos y complejos, pero tal vez lo alejado de las poblaciones involucradas, la habitual mirada centralista o simplemente el que la sangre no ha llegado al río mantiene en el anonimato estos conflictos. No se advierte desde el Estado, y puntualmente desde el gobierno regional una política de prevención de conflictos o planes de comunicación que vayan más allá del paternalismo, que exploren las verdaderas causas del desentendimiento que, tarde o temprano, puede hacer estallar las bombas de tiempo que se cultivan en aquellos lugares donde el binomio minería-comunidad todavía genera tensiones y desconfianza.
* Manuel Chiroque Farfán es docente de Audiovisuales y Periodismo en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional del Santa (UNS), actividad que comparte con la producción audiovisual y consultorías en comunicación corporativa. Integra la Red Iberoamericana de Investigación en Narrativas Audiovisuales.
Foto: El Comercio
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