Sepa por qué piden prisión preventiva para el rector de la USP
Creado el Miércoles, 10 de Febrero del 2016 11:29:36 pm
A los acusados se les imputa de supuestamente haberse apropiado de más de 3' 355, 083.00 soles al haber decidido contrataciones fraudulentas de servicios legales durante los años 2010, 2011 y 2012, a través de contratos de locación de servicios, a favor de los abogados Martha René Alfaro Pérez, Manuel La Chira Chambergo, César Varas Rosas, Tania Leonor Baca Escura, José Luis Quesada Pisfil y Alberto Toro Castro.
Según la procuraduría, los procesos judiciales por los que prestaban asesoría legal ya estaban fenecidos y en otros casos nunca se apersonaron causando un perjuicio económico a la USP en provecho del referido rector, de su asesor legal José Jacinto Teque (fallecido) y de los abogados mencionados, por lo que "todos habrían conformado una asociación ilícita encabezada por José María Huamán Ruiz, con el fin de apropiarse el dinero de la casa de estudios".
Según la documentación de la procuraduría, cuando Huamán Ruiz autorizaba con su firma los cheques de pago girados a favor de sus coimputados, supuestamente por servicios legales externos, no exigía de acuerdo a su función y de las normas internas de la universidad que dichos cheques lleven el sello de “no negociables” antes de firmarlos.
"Este comportamiento omisivo, aparentemente deliberado y concertado con los demás miembros de la organización, lo hacía para que los cheques sean pagados al portador y pueden ser cobrados por varios de ellos".
La procuraduría argumenta que se debe ordenar la prisión preventiva a Huamán Ruiz porque hay elementos de convicción de que él "sería el presunto líder de la organización criminal, quien en su condición de rector se aprovechaba de todas las facultades para disponer de los fondos económicos de la Universidad San Pedro".
Adicionalmente, sostiene que la sanción a imponerse supera los 4 años de pena privativa de libertad, también supone que con los recursos que cuenta no solo económicos, sino influencias, intente evadir la acción de la justicia.
Además considera que hay peligro de obstaculización porque el rector no ha cumplido con entregar los originales de los contratos suscritos por los abogados involucrados en el caso y la relación de los cheques que generaron los pagos indebidos realizados por la Universidad San Pedro, situación que perjudica las diligencias de pericia grafotécnica, ampliación de pericia contable e informe jurídico sobre el cumplimiento de objetivos del contrato para pago de contraprestaciones.
Agrega que "el comportamiento del imputado durante el procedimiento es nula su voluntad para esclarecer los hechos de materia de investigación".
A todo esto, los integrantes del Frente de Defensa de la Universidad San Pedro esperan que el fiscal Manuel Arroyo, a cargo de la investigación, cumpla con su función y haga cumplir la ley.
“Vemos que se está dilatando el tiempo, queremos que los plazos no se venzan. Hay elementos probatorios, al fiscal le corresponde darle impulso. Esto es un problema que afecta a Chimbote, al dinero de los estudiantes y padres de familia. Las instalaciones están hipotecadas, es una preocupación de toda la comunidad Chimbote”, declaró Sonia Luján Ocaña. (LU - RSD Noticias).
Foto: agenciasdenoticiasunal