Subregión Pacífico contrató a profesionales impedidos de prestar servicios al Estado
Creado el Miércoles, 31 de Julio del 2024 06:12:55 pm | Modificado el 31/07/2024 08:22:23 pm
La Contraloría alertó que la Subregión Pacífico, unidad ejecutora del Gobierno Regional de Áncash, contrató —en el año 2022— a dos profesionales que estaban impedidos de prestar servicios al Estado debido a que registran condena por delito doloso. Los profesionales involucrados son Walther Javier Aguilar Armas y Renato Santiago Molinari Lector.
El primero tiene sentencia del año 2018, de 4 años de pena privativa de la libertad suspendida por el plazo de 3 años, por el delito de peculado doloso por extensión en agravio de la municipalidad de Nuevo Chimbote; y el segundo, también tiene una sentencia del 2018, en la que se le impuso 3 años de pena privativa de libertad, suspendida por 2 años, por el mismo delito de peculado doloso en agravio de la mencionada municipalidad.
En ese sentido, ambos se encontraban impedidos de manera permanente de contratar con el Estado, conforme lo establece el artículo 426°, en concordancia con el artículo 36°, incisos 1° y 2°, del Código Penal.
El órgano de control advierte que era totalmente posible conocer, de manera inexcusable, la situación de impedimento con la que contaban dichos profesionales, realizando la consulta correspondiente en el Buscador de Proveedores del Estado del Organismo de las Contrataciones del Estado (OSCE), no obstante, servidores y funcionarios de la Subregión Pacífico no habrían cumplido con dicho procedimiento y gestionaron sus contrataciones para realizar servicios de consultoría de liquidación de obra y supervisión.
Es así que en agosto de 2022 se le otorgó la buena pro a Walther Aguilar para realizar la revisión y elaboración de la liquidación técnica y financiera de la obra “Construcción y mejoramiento del complejo deportivo recreacional en el asentamiento humano San Pedro, provincia del Santa” por 12 mil soles.
Mientras que Renato Molinari ganó dos contratos: uno en setiembre de 2022 por 10 mil soles para supervisar el mantenimiento del dren Chinecas y otro en noviembre del mismo año, también por 10 mil soles, para supervisar la limpieza del dren Lacramarca.
Ante los hechos expuestos, la Contraloría recomendó “realizar el procesamiento" de los jefe del área de Abastecimiento y Control Patrimonial, que gestionaron las contrataciones, y de los subgerentes de Administración y Recursos, que brindaron su total conformidad con su firma y sello, y suscribieron las órdenes de servicio. Asimismo, la entidad de fiscalización remitió el informe para que se realicen las acciones penales que correspondan. (C.I. – RSD Noticias).
