Áncash: municipalidades distritales, MPS y una UGEL contrataron con proveedores inhabilitados
Creado el Domingo, 9 de Febrero del 2025 08:44:15 am | Modificado el 01/04/2025 11:24:40 pm
La Contraloría General de la República identificó que cuatro municipalidades distritales, una municipalidad provincial y una Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) en la región Áncash contrataron con proveedores inhabilitados y/o impedidos de trabajar con el Estado.
Estas irregularidades afectaron la transparencia y legalidad de las contrataciones, generando un desembolso de 393 mil 127 soles del erario público.
Estas contrataciones indebidas, detectadas a través de seis informes de control específico, ocurrieron entre 2019 y 2023 en las municipalidades distritales de Independencia, La Merced, Anta y Yupán, así como en la Municipalidad Provincial del Santa y la UGEL de Yungay.
La Contraloría, a través del informe de control específico N.º 092-2024-2-0344, detectó que, en la Municipalidad Provincial del Santa, en 2023, se produjo la contratación de proveedores de bienes y servicios que tenían un vínculo de consanguinidad con dos regidoras del periodo 2019-2022. Incluso, una de las exconcejales fue empleada por la entidad, pese a las prohibiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, que impide este tipo de contrataciones hasta 12 meses después de concluido el mandato de la autoridad.
En el caso de la Municipalidad Distrital de Independencia, en la provincia de Huaraz, según el informe N.º 025-2024-2-4603, entre 2019 y 2023, los servidores ediles contrataron a cuatro proveedores que estaban impedidos de ejercer la función pública debido a sanciones disciplinarias y sentencias por delitos dolosos contra la administración pública. Estas contrataciones indebidas representaron un desembolso de 61 mil 200 soles.
Mientras que, la Municipalidad Distrital de Anta (Carhuaz), entre 2019 y 2021, funcionarios contrataron como asesor legal externo a un entonces consejero regional por la provincia de Recuay, quien se encontraba impedido de ejercer dicha función debido al cargo que ocupaba. Pese a ello, se le pagó un total de 40 mil 500, según precisa el informe N.º 053-2024-2-0334.
En tanto, el informe de control específico N.º 029-2024-2-0331 reveló que la Municipalidad Distrital de La Merced (Aija), durante 2021 y 2022, se contrató a un consultor para la elaboración de un perfil técnico y la supervisión de dos obras, a pesar de que tenía vigente una prohibición para contratar con el estado, debido a una sentencia en su contra.
De manera similar, en la Municipalidad Distrital de Yupán (Corongo), en 2022, el informe N.º 048-2024-2-0336 evidenció que una proveedora inhabilitada por el Poder Judicial fue contratada en dos oportunidades.
Por último, en la UGEL Yungay, entre agosto y octubre de 2023, se permitió la continuidad laboral de un docente que había sido inhabilitado por el Poder Judicial, cuando correspondía su desvinculación inmediata, según precisa el informe N.º 014-2024-2-4192.
El órgano de Control informó que los informes han sido notificados a los titulares de las entidades involucradas y al Procurador Público de la Contraloría General para las acciones correspondientes. Además, están disponibles para consulta pública a través del buscador de informes de control de la entidad. (K.C. – RSD Noticias).
