Abren investigación preliminar contra alcalde y cuatro funcionarios de Nuevo Chimbote
Creado el Viernes, 24 de Junio del 2022 05:17:21 pm | Modificado el 24/06/2022 05:41:42 pm
La Primera Fiscalía Penal Corporativa de Nuevo Chimbote inició una investigación preliminar por un plazo de 60 días contra el alcalde Domingo Caldas Egúsquiza y cuatro de sus funcionarios de la comuna sureña por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, retardo injustificado de pago y omisión de actos funcionales.
Los funcionarios comprendidos en la investigación son el gerente municipal Daniel Cueva Huaraz; la gerente de Administración y Finanzas, Amy Rubí Lezama; el gerente de Planificación, Presupuesto y Sistemas, Yvan Sánchez Sunción; y el subgerente de Tesorería, Juan Manuel Sánchez Huertas.
Todos ellos han sido denunciados por el abogado Julio César Alzamora Capristano, quien trabajó en la municipalidad de Nuevo Chimbote, bajo diversos contratos y en diferentes áreas, entre los años 2013 y 2014.
Él alega que la comuna sureña le quedó debiendo por concepto de remuneraciones y beneficios sociales que hasta la fecha de la presentación de la denuncia no han sido cancelados, por lo que interpuso una denuncia ante el Juzgado Laboral Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia del Santa.
El Juzgado declaró fundada su demanda y aunque el municipio apeló, el fallo se ratificó en el 2018 y, por lo tanto, se ordenó a la entidad cumpla con pagarle la remuneración correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2014 más los intereses legales, que asciende a S/ 3466.
Incluso el órgano jurisdiccional otorgó un plazo de 6 meses contados desde la notificación judicial para que el municipio tome medidas administrativas y presupuestarias a efectos de cumplir con la orden judicial.
En declaraciones a RSD, el extrabajador indica que los funcionarios denunciados están desobedeciendo injustificadamente el mandado judicial, situación que -enfatizó- no solo le está generando un perjuicio a él sino también a la propia institución, que -ante el incumplimiento- ha sido multada con una unidad de referencia procesal (URP), equivalente a S/ 460.
Explica que el municipio estaría dilatando la ejecución de la sentencia con el argumento de que no hay disponibilidad presupuestal, lo que le parece “ilógico” pues lo que se le debe “no es una suma exorbitante”. Además, recuerda que han tenido más de tres para programar su pago.
“Aquí lo que existe es una decidida o una falta de interés para asumir las obligaciones que tiene la entidad. Fuera un monto de S/ 60 mil u S/ 80 mil, se podría entender que la municipalidad tuviera inconvenientes para asumir, pero no es el caso”, sostuvo.
El denunciante indica que si la municipalidad sigue incumpliendo le van a duplicar la multa impuesta. Además, informó que tiene en curso otro proceso judicial para que la comuna sureña le pague beneficios sociales pendientes, el cual -asegura- ya tiene sentencia confirmada a su favor. (C.I. - RSD Noticias).
